El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos majoreros han mantenido hoy un encuentro de trabajo con el objetivo de seguir reforzando el control y vigilancia frente a la proliferación e instalaciones no autorizadas en suelo rústico que atentan contra los valores naturales, el planeamiento y la biodiversidad.
Esta reunión se enmarca en el plan de acción puesto en marcha por el Cabildo de Fuerteventura, conjuntamente con la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y los ayuntamientos.
El encuentro ha contado con la participación de representantes de policía local, Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente del Cabildo, que están extremando la vigilancia en todo el territorio insular, frente a la propagación de instalaciones como caravanas, containers, casas prefabricadas y otras estructuras que contravienen la normativa urbanística y medioambiental.
Para la presidenta del Cabildo, Lola García, «la coordinación conjunta entre policía local, agentes de Medio Ambiente, Seprona y otras instituciones es clave para detener la invasión que estamos sufriendo en nuestro suelo rústico, sin encaje legal y alterando las singularidades naturales de nuestra Isla y los usos tradicionales de este tipo de suelos». «Es importante que la población sea consciente de esta realidad y que conlleva infracciones graves».
Por su parte, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha subrayado la necesidad de seguir haciendo pedagogía para que la ciudadanía sea consciente de la importancia de preservar el territorio y ha advertido de que, más allá de sanciones administrativas, en muchos casos la ciudadanía comete delitos que tienen una tipificación penal.
En el encuentro estuvo presente, además, la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, alcaldes y otros representantes municipales.
Paralelamente, el Cabildo ha iniciado una campaña informativa sobre las prohibiciones e infracciones al respecto en este tipo de suelos, que se encuentran tipificadas de acuerdo con la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, pudiendo acarrear sanciones de hasta 150.000 euros. Las edificaciones no autorizables en suelo rústico están tipificadas, igualmente, en la Ley Orgánica del Código Penal.
En una primera fase se intenta resolver a través de la retirada voluntaria de los contenedores por parte de los infractores. En el caso contrario, dichas infracciones son denunciadas.
