Pedro Sánchez sorprendió este martes recuperando un anuncio que lanzó el Gobierno hace más de un año y medio: la intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. La iniciativa, integrada en el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, lleva en tramitación parlamentaria cerca de un año y, aunque existe un amplio consenso entre las formaciones políticas, hay ciertas discrepancias a la hora de aplicarla. Entre las más de 260 enmiendas que han registrado hay una veintena que plantean cambios.
A falta de saber si el anuncio lanzado por Sánchez conlleva alguna novedad, el texto que se está tramitando y que será el que vehicule esta medida, según fuentes de la Moncloa, establece que las plataformas de servicios digitales solo podrán tratar los datos personales de los menores de edad que tenga 16 o 17 años y que, en el resto de los casos, será necesario el consentimiento de sus tutores. Es decir, los menores de 16 años no podrían abrirse una cuenta en redes sociales sin el visto bueno de los padres. Además, recoge la obligación de establecer mecanismos de verificación de edad para el acceso a contenido perjudicial.
El PP apenas tardó unos minutos en responder a Sánchez que su ‘anuncio’ ya estaba tramitándose y que ellos habían registrado una enmienda prácticamente idéntica a lo que proponía el presidente del Gobierno. Sin embargo, hay varios matices. Los populares plantean suprimir el texto actual referido a la protección de los datos personales y, en su lugar, proponen que sea el Gobierno quien regule los mecanismos necesarios para «impedir el acceso a redes sociales a los menores de 14 años» mediante sistemas de verificación de edad, eliminando la responsabilidad de las plataformas digitales.
También recogen que los jóvenes de 14 y 15 años puedan «acceder a las redes sociales únicamente con el consentimiento expreso y verificable» de sus tutores, lo que vuelve a situar el peso en las familias. Y, por último, hablan de promover los acuerdos necesarios para incluir mecanismos que permitan un «horarios de descanso digital», de tal forma que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales entre las 22:00 horas y las 08:00 horas.
El principal socio de Sánchez y partícipe del Gobierno ve con buenos ojos el límite marcado de los 16 años y no pone ningún reparo. Lo que sí proponen es ampliar los derechos de los jóvenes entre los 12 y 16 años, de tal forma que puedan solicitar «la supresión de sus datos de carácter personal y que esta supresión se lleve a cabo por los prestadores del servicio» sin necesidad de consentimiento por parte de los tutores. Y, en la misma línea, que para «la difusión pública de su imagen o información personal» sea necesario el visto bueno del menor.
Los republicanos catalanes, que coinciden en la necesidad de establecer en 16 la edad para acceder a las redes sociales sin necesidad de consentimiento, plantean que sean los prestadores de servicios digitales quienes estén «obligados a implementar mecanismos seguros y efectivos de verificación de edad» para verificar que los datos que obtienen son de jóvenes mayores de 16 años. Esto implica un paso más allá de lo propuesto en el texto inicial que circunscribe estos mecanismos a los contenidos perjudiciales y no a la creación de una cuenta en redes sociales.
Junts es el partido que más matices plantea y limita la prohibición de acceso a los menores de 16 años a «redes sociales o a servicios, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual que incorporen inteligencia artificial generativa». Para el resto, la prohibición la mantiene en 14 años.
Donde sí proponen endurecer la norma es en la obligación de que los fabricantes incluyan «métodos comerciales razonables y técnicamente viables para determinar la edad principal del usuario» y que, después, los sistemas operativos proporcionen «a los desarrolladores de aplicaciones, incluidas las aplicaciones preinstaladas o instaladas por otros medios» dicha edad y puedan aplicar el control parental.
Las enmiendas registradas por EH Bildu van en la línea de Sumar y plantean dotar de más derechos a los menores. Así, por un lado, recogen que el consentimiento de los tutores no será suficiente para crear un perfil a un menor de 16 años en una plataforma digital si esto puede «afectar significativamente a la intimidad, dignidad o desarrollo del menor» y que, por tanto, «será necesario el consentimiento conjunto del menor«.
El PNV apenas plantea cambio alguno sobre esta medida. Tan solo recogen que las exigencias sobre los sistemas de verificación de la edad se deberían requerir a los desarrolladores de los sistemas operativos y no a los fabricantes de dispositivos.
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