La subida de las pensiones en 2026 ya está formalizada en un decreto independiente. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley exclusivo de pensiones y Seguridad Social que fija una revalorización general del 2,7% para las contributivas y aumentos superiores para las mínimas y no contributivas.
Según detalló la ministra Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, «las pensiones del sistema suben un 2,7%» y las mínimas «se incrementan más de un 7%». La medida ya tuvo efecto en enero, pero ahora queda blindada en una norma separada del resto del decreto ómnibus, que fue rechazado en el Congreso.
¿Cuánto suben exactamente las pensiones en 2026?
El decreto establece una revalorización del 2,7% para más de 10 millones de pensiones contributivas.
Las no contributivas aumentan un 11,35%, mientras que las mínimas superan el 7% de incremento. En términos prácticos, el alza puede suponer hasta 130 euros mensuales adicionales en los casos de pensiones más bajas.
La actualización responde al mecanismo vinculado al IPC medio, consolidado tras la reforma de 2021.
¿La subida será retroactiva?
Sí. La práctica habitual en materia de revalorización de pensiones es que los efectos económicos se fijen desde el 1 de enero del ejercicio correspondiente, aunque la norma se publique o convalide días o semanas después. Así ha ocurrido en ejercicios anteriores, según detalla la propia Seguridad Social en sus comunicaciones oficiales sobre actualización anual de pensiones.
Eso implica que, si la convalidación se produce con posterioridad a la primera nómina del año, la diferencia se abonaría en forma de atrasos en el siguiente pago mensual. Es decir, el pensionista no perdería cuantía anual: simplemente podría producirse un ajuste técnico en la nómina inmediatamente posterior a la aprobación definitiva.
¿Tiene impacto presupuestario la subida?
La respuesta sí. La revalorización anual conforme al IPC consolida un nivel de gasto estructural elevado. El desembolso en pensiones supera ya el 12% del PIB y es la principal partida del presupuesto público.
Desde el Ejecutivo se defiende que la medida preserva el poder adquisitivo y aporta estabilidad a millones de hogares. Desde el punto de vista económico, refuerza el compromiso de ingresos vía cotizaciones y ajustes paramétricos para equilibrar el sistema.
¿Debe aprobarlo aún el Congreso?
El Real Decreto-ley está en vigor, pero necesita ser convalidado en el Congreso en un plazo de 30 días.
Si obtiene respaldo, la subida quedará plenamente consolidada. Si no, decaería y el Gobierno debería impulsar una nueva norma. En cualquier caso, los efectos económicos están fijados desde el 1 de enero, por lo que, como hemos dicho, cualquier ajuste se abonaría con atrasos.
La separación del decreto ómnibus busca asegurar que la subida de las pensiones no dependa de otras medidas sociales con menor consenso parlamentario.
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