El recurso al decreto ómnibus se ha consolidado, una vez más, como un instrumento de dudosa calidad democrática. La acumulación en un solo texto de medidas heterogéneas, de naturaleza y alcance muy distintos, lo han convertido en un auténtico trágala en tanto que obliga a los grupos parlamentarios a aceptar el paquete completo o a rechazarlo en bloque, sin margen para el matiz ni capacidad de enmienda. O todo o nada.
Bajo esta lógica se han reunido a la actualización del importe de las pensiones propuestas tan dispares como la prórroga de ayudas al transporte público, cambios fiscales, reformas administrativas, medidas energéticas, ajustes regulatorios o modificaciones en materia de vivienda. Entre estas últimas destacan las relativas a los procedimientos de desahucio por impago del alquiler de arrendatarios con título habilitante -lo que en el debate público se ha denominado de forma imprecisa inquiocupación-, que se han convertido en una de las razones del rechazo de los grupos de la oposición. La regulación de los desahucios por impago suscita posiciones políticas tan distintas como legítimas: el Partido Popular apuesta por reforzar la protección del propietario, Vox aspira a más restricciones y Junts fija su posición en función del marco competencial y normativo catalán. Sin embargo, el formato del decreto impide abordar estas diferencias de manera específica y obliga a aceptarlas o rechazarlas junto el resto de medidas, anulando cualquier posibilidad de acuerdo parcial y desnaturalizando la función deliberativa del Parlamento.
Este modo de proceder que resulta especialmente problemático cuando, irresponsablemente, se incorporan al decreto cuestiones de enorme transcendencia social como es la revalorización de las pensiones. Vincular su actualización a un decreto ómnibus no constituye una garantía para los pensionistas, sino que es solo una estrategia de blindaje político: se utiliza una medida socialmente incuestionable como escudo para forzar la aprobación de un conjunto normativo controvertido.
Eso sucede cuando el propio Gobierno ha restado importancia a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, presentándola como una situación manejable. Precisamente, a falta de unos Presupuestos que hubiesen regulado este aspecto a en tiempo y forma, se recurre al decreto ómnibus y luego, una vez frustrada su tramitación, a un decreto de urgencia. Así, lo que se ha presentado como un inconveniente menor ha acabado teniendo efectos institucionales relevantes. De lo que se deriva que sea muy discutible, en estas circunstancias, atribuir a la oposición la responsabilidad de una eventual no subida de las pensiones por rechazar el decreto. Oponerse al trágala no equivale a rechazar todas las medidas que contiene, sino a impugnar un método que fuerza decisiones binarias y diluye las responsabilidades políticas.
El resultado de todo ello es que por mucho que se quiera, no se puede gobernar sin el Parlamento. Ni mediante decretos escoba, ni a base de apelaciones morales, ni desplazando la responsabilidad hacia quienes se niegan a convalidar procedimientos abusivos. La política democrática exige negociación, presupuestos y respeto a las reglas. Todo lo demás es intentar gobernar por medio atajos que, en realidad, nunca lo son.
