El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur vuelve a situar a Canarias ante un escenario conocido: decisiones de alcance global que aterrizan con efectos muy concretos —y potencialmente lesivos— sobre una realidad económica frágil, limitada y singular. Lo que en Bruselas se presenta como un avance estratégico y geopolítico, aquí se observa con preocupación, especialmente desde el sector primario.
Desde el punto de vista isleño, el debate no puede plantearse en términos simplistas de apertura comercial sí o no. La cuestión de fondo es otra: si la construcción europea es capaz de integrar sus propias asimetrías internas o si, por el contrario, aspira a avanzar a distintas velocidades, dejando a sus regiones más vulnerables en la cuneta de la globalización.
Canarias no es una región industrial, ni un gran polo exportador de bienes de alto valor añadido. Su estructura productiva descansa en un equilibrio delicado entre servicios —con el turismo como motor— y un sector primario que, más allá de su peso estrictamente cuantitativo en el PIB, cumple funciones económicas, sociales, territoriales y medioambientales insustituibles. Agricultura es también paisaje, identidad, soberanía alimentaria, empleo rural y contención de la desertización del territorio.
En este contexto, la entrada masiva de productos agrícolas procedentes de países del Mercosur, producidos a menores costes y bajo marcos regulatorios sociales, laborales y medioambientales distintos, genera una inquietud que no puede despacharse como proteccionismo trasnochado. Hablamos de competencia en condiciones objetivamente desiguales para un campo canario que ya opera con desventajas estructurales: insularidad, lejanía de los grandes mercados, sobrecostes logísticos y escasez de suelo cultivable.
Las movilizaciones de esta semana en Canarias, en sintonía con las protestas del sector agrario en el conjunto del Estado, más allá de su volumen son expresión de ese malestar. El sector primario salió a la calle para advertir de lo que consideran una amenaza directa a su supervivencia. No se trata solo de precios o márgenes, sino de la viabilidad futura de explotaciones familiares que sostienen buena parte del tejido rural de las Islas. Cuando el campo se moviliza, conviene escuchar antes de minimizar.
La experiencia pesa. Canarias ya ha sufrido el impacto de acuerdos comerciales anteriores en los que las compensaciones llegaron tarde, mal o fueron insuficientes. Cada hectárea que se deja de cultivar no es solo un dato estadístico: es más dependencia exterior, más vulnerabilidad ante crisis logísticas y menos capacidad de decidir sobre la propia alimentación.
La decisión de la Unión Europea de aplazar la entrada en vigor del acuerdo hasta resolver dudas jurídicas y políticas abre una ventana de oportunidad que no debería desaprovecharse. No es un portazo al tratado, pero sí un reconocimiento de que existen aspectos sensibles que requieren revisión. Para territorios como Canarias, ese tiempo debe servir para algo más que declaraciones de buenas intenciones.
Las cláusulas de salvaguardia anunciadas son necesarias, pero resultarán insuficientes si no se diseñan con criterios y enfoque territorial específico. Las regiones ultraperiféricas no pueden quedar relegadas. Su reconocimiento en los tratados europeos debe traducirse en mecanismos diferenciados, activables sin dilaciones cuando sectores sensibles se vean amenazados.
No se trata de pedir privilegios, sino de aplicar el principio de cohesión que la propia Unión proclama. Competir en igualdad de condiciones es imposible cuando las condiciones de partida son radicalmente distintas. Defender al campo canario es también defender empleo local, fijación de población en zonas rurales, mantenimiento del paisaje y resiliencia frente a un contexto internacional incierto. Europa debe decidir qué modelo de integración quiere consolidar. Si el precio de los grandes acuerdos comerciales es sacrificar la producción en sus territorios más alejados, el proyecto común se debilita. Canarias, por su condición ultraperiférica, no puede ser una variable de ajuste.
El debate sobre Mercosur no es ideológico, sino territorial y estratégico. Y desde estas Islas, la advertencia es clara: el progreso no puede medirse solo en volúmenes de intercambio, sino también en la capacidad de proteger a quienes parten de posiciones más vulnerables.
