La activista okupa Felícitas Velázquez, del entorno de Sumar, reventó el pleno extraordinario del Congreso en el que se había debatido y votado el decreto ómnibus.
Su griterío, reconvenido por la presidenta, Francina Armengol y los ujieres, culminaba una estrategia armada de antemano ante la previsión del fracaso del Gobierno.
La señora en bata azul, sorprendentemente, no recriminaba al PP, a Vox, a Junts ni a UPN, que al decaer el texto se bloqueaba la revalorización de las pensiones. Lo que reivindicaba eran las okupaciones: «¡Luego querréis que no okupemos casas, sólo representáis a los ricos… y seguiremos okupando!».
El Gobierno aprobó el decreto para la revalorización de las pensiones a finales de diciembre, escondiendo en él decenas de otras medidas. Entre ellas el blindaje a los okupas mediante una prohibición legal de cortarles los suministros básicos de luz, gas y agua, aunque no los paguen.
Y la actuación de Felícitas culminaba una operación que confirmaba que Moncloa sabía de antemano que la convalidación del decreto no saldría adelante.
El PP llevaba más de un mes advirtiendo de que para votar a favor de la subida de las pensiones en función del IPC, exigía «un decreto limpio», sin otras medidas que considera «tropezones colados por el Ejecutivo para pagar facturas a sus socios y mantener una semana más en el poder».
De hecho, los populares recuerdan que, oliéndose «esta jugada de Sánchez, un año más», ya registraron una iniciativa para blindar por ley la revalorización con el IPC, al margen de la aprobación de Presupuestos. Su tesis es que las pensiones «no pueden depender de los vaivenes de la aritmética parlamentaria ni de los cambalaches con los socios».
El PP quiso ejemplificar la «trampa» y se negaba expresamente al blindaje de la okupación.
«No obligaremos a los jubilados a elegir entre su vivienda y su pensión«, explicaba Alberto Núñez Feijóo en declaraciones a este periódico y en un vídeo publicado en sus redes sociales.
Pero para intentar ganar el relato político, el Gobierno ya tenía lista una estrategia de dos movimientos coordinados.
Dos movimientos
Primero, un vídeo ya grabado y producido horas antes en Moncloa, en el que el presidente Sánchez acusaba al PP de «haberlo vuelto a hacer, negándose a revalorizar las pensiones».
El clip estaba lleno de incorrecciones. Una de ellas, que «el PP congeló las pensiones» durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando «sólo el Gobierno de Zapatero lo hizo, con el voto del diputado Pedro Sánchez», tal como recordaba una alto cargo del PP.
Otra, que los populares hicieron lo mismo el año pasado, «votando en contra de las pensiones, aunque la presión social les obligó a rectificar».
Aunque lo que en realidad ocurrió en 2025 fue idéntico a lo de este martes: el Ejecutivo perdió la votación de otro decreto ómnibus porque, a la subida de las pensiones, le había añadido ayudas para el transporte gratuito para jóvenes y otros regalos a sus socios, «como un palacete en París para el PNV«, recordaba otra fuente del PP.
El Gobierno fue quien rectificó entonces, aprobado un decreto «limpio», como exigía el PP. «Y, por supuesto, lo votamos a favor«.
Segundo movimiento: la vicepresidenta Yolanda Díaz invitó a una activista jubilada del entorno del PCE para que interrumpiera el pleno.
Felícitas Velázquez Serrano es una veterana activista vinculada a Izquierda Unida, con décadas de trayectoria reivindicando la vivienda pública y los derechos humanos.
Fue secretaria de Movimientos Sociales del PCE y participó activamente en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante la crisis económica de 2008, enfocándose particularmente en los desahucios de vivienda pública y la «precarización habitacional».
«Cumplimos, díselo a Paco»
Su perfil activista la llevó a firmar manifiestos en las elecciones autonómicas del 4 de mayo de 2021 contra las políticas del PP. Y por tanto, su intervención en el pleno, a la que fue invitada por Sumar, no fue casual.
De hecho, a la salida del Congreso, fue sorprendida celebrando su actuación con otros dos hombres mayores en la salida trasera. «Llama a Paco», decía entre risas, «llámale y dile que yo ya he hecho lo que me tocaba, que hemos cumplido». Una frase que dejaba clara la coordinación previa de la intervención.
Poco más tarde, Feijóo ocupó la tarde reuniéndose en un despacho del Congreso con otros cuatro jubilados que sufren la llamada ‘inquiokupación’.
Son propietarios cada uno de una vivienda con inquilinos que llevan años sin pagarles la renta, lo que les ha provocado empobrecimiento y, en algunos casos, desahucio a ellos mismos.
«Hemos decidido ser coherentes y votar en contra de un chantaje político del Gobierno», les explicaba Feijóo. «No podemos amparar a quienes incumplen la ley, ni el Gobierno os puede exigir que os hagáis cargo de las supuestas necesidades de personas que, si son vulnerables, deben ser amparadas por el Estado«.
