El Gobierno lleva semanas tratando de recomponer la mayoría de investidura para presentar los Presupuestos Generales del Estado, los primeros de la legislatura, este primer trimestre de 2026. La pieza más compleja del puzle es Junts, con quien en Moncloa reconocen una patente falta de interlocución, pero se confía en que el acuerdo con Podemos para la regularización de hasta medio millón de migrante genere un efecto dominó para reconducir la relación. “Es un buen paso”, señala un ministro socialista, mirando no solo al apoyo de los morados, sino también de los posconvergentes. No en vano, la bandera de la regularización se brindó a Podemos con vistas a que suavice su veto a la delegación de competencias en inmigración a Catalunya, uno de los principales compromisos pendientes con los de Carles Puigdemont. Los morados tumbaron en el Congreso el proyecto de ley y ahora se abren a reconsiderar su posición.
“El Gobierno va a presentar los Presupuestos”, insisten en Moncloa para añadir que “la regularización ayuda” a acercar apoyos. Tanto es así, según confían, que algunas fuentes se jactan de que este movimiento “ha dejado descolocado al PP”. La lectura de los populares es la de un adelanto electoral político obligado por la falta de apoyos parlamentarios. Pese a la determinación de Pedro Sánchez de estirar la legislatura hasta su finalización en 2027, con o sin Presupuestos, los socialistas ha redoblado esfuerzos por reunir los apoyos y, al menos, volver a acercar a sus socios. Lo hacen además con compromisos calendarizados para compartir con ellos el interés en agotar la legislatura.
Para ello se ha intensificado el reparto de banderas, a ERC y PNV, pero también a EH Bildu, con la prórroga del escudo social, o BNG, garantizando la atención en gallego en las empresas que operan en Galicia dentro de la ley de atención al cliente. Después de al menos una reunión confidencial con Oriol Junqueras en Moncloa, Pedro Sánchez se hizo su primera foto pública con el líder de ERC el pasado 8 de enero. Un encuentro en el que se desbloqueó la reforma del modelo de financiación, accediendo a que reconociese el principio de ordinalidad para Catalunya y con un aumento de recursos para este territorio de 4.686 millones de euros.
Los guiños a los nacionalistas vascos han sido constantes y atan su apoyo al definir un calendario para los cumplimientos con los que el Gobierno gana tiempo. Apenas una semana después del pacto para la financiación sellado en Moncloa entre Sánchez y Junqueras, el Gobierno pactó con el Ejecutivo vasco un nuevo paquete de transferencias. Entre ellas, las prestaciones por desempleo, una demanda histórica de los jeltzales que con su materialización convierte a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas. Este mismo martes, el lehendakari Imanol Pradales se reunió con Sánchez en Moncloa y además de poner nuevas reclamaciones sobre la mesa arrancó el compromiso de avanzar en la cesión de los aeropuertos vascos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al lehendakari, Imanol Pradales, este martes en La Moncloa. / José Luis Roca / EPC
El compromiso es que antes de semana se celebre una Comisión Permanente para cerrar el acuerdo político que ponga en marcha dicha transferencia. El calendario marcado coincidiría precisamente con las fechas en las que el Gobierno tiene previsto presentar los Presupuestos en el Congreso. La intención es hacerlo en abril, antes de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abandone el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones a la Junta de Andalucía.
La pretensión es atar así el apoyo de los nacionalistas vascos, pues tras el acuerdo político para la cesión de los aeropuertos, en el plazo de dos meses, habrá que aterrizarlo en la Comisión Mixta de Transferencias. Asimismo, se ha agendado para las mismas fechas otra reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para abrir la negociación de cara a actualizar la ley quinquenal del cupo vasco, lo que aumenta la interdependencia.
Moncloa espera la vuelta de Puigdemont
De forma casi simultánea, se prevé arrancar la tramitación parlamentaria de la reforma de la financiación y de la condonación parcial de la deuda autonómica, acordada con ERC. De cara a Junts se preparan otros gestos, como la publicación de las balanzas fiscales. Se sumarían a una lista de carpetas en proceso de desbloquearse como la ley de multirreincidencia, que se votará el 12 de febrero, o el asiento de Catalunya, junto a Euskadi, en organismos internacionales de la ONU (UNESCO y OIT).
En Moncloa aseguran que su intención es seguir cumpliendo todos los acuerdos pendientes, tanto con Junts como el resto de grupos que apoyaron la investidura. La ley para la recaudación del IRPF es otra de las que tienen cartera los republicanos. Además de esta muestra de voluntad para alentar los Presupuestos, Pedro Sánchez ya ponía la mirada antes de final de año en un hipotético regreso a Catalunya de Carles Puigdemont. Una “ventana de oportunidad” para reconducir la relación y sacar adelante los Presupuestos, sumado a la intención de “cumplir la agenda con Junts”.
A la espera del Tribunal Constitucional, en Moncloa confían en la aplicación de la ley de amnistía a todos los líderes del ‘procés’. El Gobierno se reconoce «en el informe del abogado general» del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Se abriría así un escenario que califican de «normalización total» y que «puede ofrecer un marco diferente al que tenemos ahora mismo».
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