El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, que investiga por delitos de narcotráfico al exjefe de la UDEF, ha rechazado archivar sus pesquisas respecto de otro agente, Óscar G., al que se atribuye indiciariamente un delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar a la organización criminal información sobre los vehículos camuflados de los cuerpos de Seguridad del Estado.
Concretamente, se le acusa de acceder a datos reservados contenidos en ficheros policiales («Objetos» y «Argos») con la finalidad de obtener la titularidad de determinados vehículos y revelárselo a terceros. El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 1 se opone a las pretensiones de archivo de la defensa por una cuestión meramente formal, al considerar que «no procede el sobreseimiento al tratarse de un sumario y, por lo tanto, solo puede ser acordado por la Sección correspondiente de la Sala de lo Penal en la fase intermedia», según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
El auto del magistrado, que tiene fecha del pasado 8 de enero, no da más explicaciones a la defensa, que había argumentado ampliamente sobre las razones de excluir al agente de la causa en un escrito presentado el pasado 16 de diciembre. Según publicó el diario digital El Independiente, este agente habría sido escolta del presidente del Senado, Pedro Rollán, si bien actualmente se encontraría suspendido de empleo y sueldo, tal y como pone de manifiesto su defensa en el recurso al que ha tenido acceso este diario.
Exterior de la Audiencia Nacional / EPE
El agente es uno de los imputados en la causa abierta contra el inspector Óscar Sánchez, quien guardaba en su vivienda casi 20 millones de euros, fruto supuestamente de su trabajo para una banda que habría introducido en España grandes cantidades de cocaína.
Favor a un amigo
Para la defensa, las acusaciones contra este agente carecen de sustento probatorio si se tiene en cuenta su declaración ante el propio juez De Jorge del pasado 9 de septiembre, cuando reconoció haber tenido acceso a la base «objetos», si bien por responder a una petición de un amigo suyo, al que conoce del gimnasio «desde hace 20 años».
Esta persona le pidió, que le mirase la titularidad de un vehículo porque «estaba muy preocupado, pues habían entrado a robar en la casa de un hermano suyo en Fuente del Saz, por lo que le pidió que le mirase la titularidad por si pudiera estar relacionado y, en la otra ocasión, motivado con un problema con una mujer», le dijo al juez. Según su testimonio, nunca tuvo conciencia de estar realizando ninguna actuación contraria a derecho porque el dato podría haber sido consultado acudiendo (previo pago) a la base de datos de la Dirección General de Tráfico.
Información Pública
Los intentos por parte del agente de obtener dicha información en enero de 2024 fueron, en todo caso, infructuosos, ya que no pudo acceder a la base de datos por fallos técnicos o falta de conexión al sistema. «No puede existir revelación allí donde no existe información previa obtenida», señala la defensa, para añadir que incluso en el hipotético caso de que hubiera podido acceder a la titularidad del vehículo, esta información es pública y puede ser consultada por cualquier ciudadano.
Según los investigadores, sin embargo, la relación entre este agente y la organización comenzó a levantar sospechas tras la inspección fallida de un contenedor importado por una empresa de frutas con la que se intentó introducir 13 toneladas de cocaína en España. Dicho contenedor fue descargado en la nave de Montero Salgado, momento en el cual la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y en ese momento se identificó que dos agentes, tanto el exjefe de la UDEF como Óscar González, habían consultado matrículas de vehículos camuflados.
La defensa expuso ante el juez instructor la precaria situación actual del agente, que está suspendido de empleo y sueldo, por lo que se ha visto privado de su principal medio de subsistencia. «Debe recordarse que la medida de suspensión, aun teniendo naturaleza cautelar, no puede convertirse en una sanción anticipada ni prolongarse de manera indefinida cuando la instrucción se encuentra materialmente agotada», incide la defensa.
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