El cielo rojo domina cuatro regiones chilenas. Pero Ñuble, Biobío, La Araucanía y O’Higgins no disfrutan de un crepúsculo veraniego. Es el color de la catástrofe en un país donde los incendios cambiaron de escala y vuelven a dominar el panorama estival. El patrón que se repite con mayor frecuencia, más hectáreas quemadas y el ritual de contar los muertos por un fuego que avanza hacia el sur. Hasta ahora han perdido la vida 20 personas. La mayoría murió en Lirquén y Penco. La situación puede empeorar debido a los focos activos y las condiciones críticas para combatirlos.
Las llamas arrasaron miles de hectáreas y dañaron o destruyeron un millar de casas. Se utilizaron 75 aeronaves para frenar su avance. El Ejército vigilaba las zonas más problemáticas. Los reportes hablan de un panorama desolador, autos derretidos y casas reducidas a escombros. Las brigadas encontraron una dificultad inédita: demasiados hechos al mismo tiempo. «Hemos logrado controlar o acotar parte de los incendios; hay algunos que siguen muy activos y están en combate intenso», dijo Gabriel Boric. El presidente reconoció que la existencia de «nuevos focos en la región de la Araucanía», vecina de Biobío.
En Lirquén, a casi 500 kilómetros de Santiago, las llamas se han extinguido pero no el dolor y un recuerdo comparable a febrero de 2010, cuando un tsunami arrasó con la zona y dejó más de 500 víctimas en todo el país.
El calor y la sequía
El aumento de las temperaturas y las condiciones de mega sequías que golpean hace más de una década al centro y sur de Chile «han facilitado la propagación del fuego», sostiene el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Todo esto ha ocurrido apenas terminado 2025, el tercer año más cálido jamás registrado a nivel global.
Los chilenos tienen una cultura «tectónica» debido a los terremotos que asolaron el territorio en distintos momentos. El fuego comienza a constituir un nuevo horizonte de calamidad recurrente. El mega incendio del 2 de febrero de 2024 en Viña del Mar había provocado 138 decesos. Fue el incendio forestal más letal registrado en ese país y uno de los más mortíferos del siglo XXI a nivel mundial. En 2017 tuvo lugar la llamada «Tormenta de Fuego» que destruyó unas 467.000 hectáreas entre O’Higgins y el Maule, y dejó 11 fallecidos, además de 1.500 viviendas destruidas. Entonces se perdieron unos 350 millones de dólares.
«En la última década, nuestro país se ha convertido en un laboratorio aterrador de cómo el cambio climático, sumado a profundas fallas estructurales en la gestión del territorio, puede generar una tragedia recurrente y devastadora», señaló el portal El Mostrador. Entre 2022-2023, recordó, el siniestro en escala devoró más de 425.000 hectáreas. «Cada evento parecía excepcional. Hoy, podemos afirmar –apuntan los expertos– que conforman un patrón«. Lo que ocurre en Chile también se ha repetido en Argentina, otros países sudamericanos, así como Canadá, Australia y Sudamérica. El ecólogo Jaime Hurtubia aseguró que esta acumulación de desastres supone no solo pérdidas económicas sino en biodiversidad, salud, productividad e infraestructura.
El desastre climático tiene además un trasfondo político. El Congreso no ha podido avanzar en la aprobación de una ley de incendios que busca pasar de un modelo reactivo —enfocado casi exclusivamente en el combate del fuego— a uno de carácter preventivo, lo que significa incorporar la planificación territorial y discutir la responsabilidad del Estado y el sector privado. La iniciativa fue ingresada por el actual Gobierno de izquierdas en octubre de 2023 y fue aprobada por la Cámara de Diputadas el 6 de marzo de 2024. El proyecto no pudo prosperar. El oficialismo consideró que la derecha lo ha bloqueado para proteger intereses inmobiliarios y productivos. La oposición sostuvo que la propuesta carecía de sustento técnico. Jorge Aranda, un investigador de la Universidad de Santiago señala, sin embargo, una constante: «no es raro ver que sobre suelos quemados y ecosistemas degradados se desarrollen proyectos inmobiliarios». Los incendios, añade Aranda, permiten en los hechos eludir planes de manejo exigidos por la ley de Bosque Nativo.
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