El Gobierno salvó este viernes una crisis con el PNV al materializar el traspaso de cinco competencias en la Comisión Mixta. Lo hizo a la segunda, tras un desencuentro a finales de año que obligó a posponer el calendario previsto y los jeltzales deslizaron la amenaza de abrir una crisis en su relación con Pedro Sánchez. El ejecutivo vasco ha logrado arrancar las prestaciones de la Seguridad Social por desempleo, una histórica demanda a la que se había resistido el Ministerio de Trabajo y que convierten a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas.
Se han traspasado también las prestaciones relativas al cuidado familiar, junto a salvamento marítimo, seguro escolar y el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo. Todas ellas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027, a excepción de Salvamento Marítimo, que lo hará ya el 1 de octubre de este año.
El acuerdo de investidura con el PNV, sin embargo, se compromete a transferir todas las competencias propias recogidas en el estatuto de Gernika y todavía queden un total de 16. Por ello, nada más firmar el acuerdo entre ambos ejecutivos en el ministerio de Política Territorial, que lidera Ángel Víctor Torres, el lehendakari Imanol Pradales no tardó en poner deberes sobre la mesa con el foco puesto en la exigencia de gestionar los aeropuertos vascos, a lo que Aena ya anticipó su oposición.
El responsable de Política Territorial aseguró tras el acuerdo que “seguiremos avanzando con el País Vasco, como lo hacemos con otras comunidades autónomas”, sin especificar en qué competencias. En Moncloa se abren a una bilateral entre Sánchez y Pradales antes de verano donde se puedan ratificar nuevos traspasos en los que comenzarán ya a trabajar los respectivos equipos. “Puede haber diferencias en el camino, pero lo importante es que terminamos con acuerdos”, concluía Torres.
El Gobierno quiere mostrar voluntad de cumplir con las exigencias de los nacionalistas vascos y lanzar un mensaje de entendimiento para retener su apoyo en el Congreso. Todo ello, en un contexto de tensión con los socios de la investidura tras la crisis provocada por los nuevos casos de corrupción en el Gobierno y de acoso sexual en el PSOE con la que se cerró el año.
La intención para el traspaso de la Seguridad Social pasa por avanzar por fases, diferenciando las prestaciones no contributivas, el subsidio de desempleo y las prestaciones de paro, que vinculan a diferentes ministerios. En el Ejecutivo pusieron el freno a esta transferencia desde el principio de la legislatura, pero durante los últimos meses se han producido conversaciones discretas para desencallarlo.
Guiños a ERC y Junts
Sánchez busca tratar de desatascar los Presupuestos y a estos gestos con el PNV se suma el acuerdo para la financiación pactado la pasada semana con el líder de ERC, Oriol Junqueras. Uno de los principales compromisos que quedaban pendientes con los republicanos, pero el líder de ERC dejó claro tras el encuentro en La Moncloa que sin cerrar antes otras carpetas, principalmente la relativa a la recaudación del IRPF, no se sentará a negociar las cuentas públicas.
El Gobierno está determinado a presentarlas y, tras posponer reiteradamente el calendario, ha fijado el primer trimestre de 2026 como fecha límite para ello. Un plazo que viene condicionado también por la salida del Ejecutivo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevista en esas mismas fechas para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones de la Junta de Andalucía. Pese a la falta de garantías de ERC, se antoja mucho más lejano el apoyo de Junts o, incluso, Podemos.
Con los posconvergentes tampoco se ahorrará en gestos para intentar recuperar la relación, comenzando por la publicación de las balanzas fiscales, como aseguró este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Gobierno ya avanzó en algunos compromisos durante el pasado mes de diciembre, como es el caso de la ley de multirreincidencia, un decreto económico con algunas de las peticiones de Junts o el inicio de los trabajos para que Catalunya y Euskadi se conviertan en miembros asociados de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT), ambos organismos asociados de la ONU.
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