Los ayuntamientos de varios municipios de la comarca turolense del Maestrazgo han acordado invitar a todas las formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones autonómicas a mantener reuniones de trabajo individualizadas para exponer la problemática que padece el territorio como consecuencia del intenso tráfico de vehículos pesados vinculado a la extracción de arcillas.
Desde hace años, y de manera especialmente acusada en los últimos meses, las carreteras autonómicas A-225 y A-226, así como la pista TE-38 y varias vías de titularidad provincial, soportan un volumen de camiones que, a juicio de los ayuntamientos, provoca un deterioro acelerado de las infraestructuras viarias, explican técnicos del consistorio de Aguaviva.
Esta localidad y los municipios vecinos de Castellote, Mas de las Matas, Seno, Molinos, Cuevas de Cañart y Las Parras de Castellote consideran que esta situación incrementa notablemente el riesgo para la seguridad vial y afecta de forma directa a la calidad de vida de la población, especialmente por el paso continuo de camiones por el interior de los núcleos urbanos.
Los responsables municipales han señalado que los accidentes de tráfico se repiten con demasiada frecuencia en los mismos tramos conflictivos, lo que, en su opinión, evidencia que se trata de un problema estructural y no de episodios puntuales.
Ante la proximidad de las elecciones autonómicas en Aragón, los municipios creen necesario abrir un diálogo directo con las distintas fuerzas políticas para conocer su posicionamiento y su grado real de compromiso.
Según explican, las reuniones servirán para analizar qué medidas concretas se plantean para compatibilizar la actividad económica con la seguridad vial, la conservación de las carreteras y la calidad de vida de la población.
Los consistorios confían en que los partidos atiendan esta invitación con la seriedad que requiere un problema que, han asegurado, el territorio soporta desde hace demasiado tiempo sin soluciones efectivas.
Asimismo, han recordado que se han mantenido reuniones con distintas administraciones y agentes implicados, entre ellos el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel y las empresas mineras, pero lamentan que la situación no solo no haya mejorado, sino que se ha agravado.
