El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó esta mañana continuar la tramitación de la nueva ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual tras rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Socialista Canario y Nueva Canarias-Bloque Canarista. La iniciativa, impulsada por el Gobierno autonómico, supera así su primer gran escollo parlamentario y entra en fase de enmiendas parciales.
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, fue la encargada de defender el proyecto de ley, que el Ejecutivo presenta como una respuesta a más de una década de bloqueo institucional en la Radiotelevisión Canaria. Según explicó, la norma persigue dotar de operatividad real al servicio público audiovisual mediante un marco jurídico actualizado, alineado con la legislación estatal y europea, y capaz de poner fin a una situación de provisionalidad prolongada.
Barreto subrayó que la ley no surge como una opción política, sino como una necesidad ante el “fracaso del modelo anterior”, incapaz durante más de diez años de activar órganos esenciales de gobernanza. El texto, estructurado en cuatro títulos y 44 artículos, pretende clarificar competencias, garantizar seguridad jurídica y evitar que se reproduzcan los bloqueos que han impedido el normal funcionamiento del ente. También defendió que el proceso de elaboración ha sido riguroso, con fases de información pública y diálogo social, y con la incorporación de observaciones sindicales.
Rechazo frontal
Frente a esta posición, PSOE y NC-BC coincidieron en su rechazo frontal al proyecto, al que atribuyen un retroceso democrático y una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo. Ambas formaciones sostuvieron que la ley debilita el control parlamentario sobre RTVC y altera los equilibrios institucionales en favor del Gobierno. Desde Nueva Canarias, Carmen Hernández calificó la norma de antidemocrática y cuestionó que sirva para desbloquear la situación, argumentando que reproduce el problema al concentrar la gestión en una figura designada por el Ejecutivo y restar peso a la junta de control.
En una línea similar, la portavoz socialista Nira Fierro criticó la falta de consenso y la tramitación urgente del proyecto, así como el refuerzo del papel del director general en detrimento del Parlamento. A su juicio, la ley pretende resolver la falta de acuerdos políticos reduciendo las mayorías exigidas y el control parlamentario, una receta que considera incompatible con un servicio público llamado a garantizar pluralismo e independencia editorial. Pese a ello, el PSOE dejó la puerta abierta a participar en el debate de enmiendas para intentar reconducir el texto.
Los grupos que sostienen al Gobierno, conformado por Coalición Canaria y el Partido Popular, defendieron la necesidad de avanzar con la tramitación para cerrar una etapa de excepcionalidad. Desde el Grupo Nacionalista, Vidina Espino remarcó que muchos de los órganos previstos en la ley vigente nunca llegaron a constituirse y que una de las prioridades del nuevo texto es impedir que las mayorías reforzadas se utilicen de nuevo como instrumentos de bloqueo. También destacó que, por primera vez, se blinda de forma expresa el carácter público de los servicios informativos.
Orden y estabilidad
El PP, por su parte, respaldó el proyecto al entender que aporta orden y estabilidad jurídica a un ente que, según señaló, ha venido funcionando mediante soluciones transitorias y decretos. Los populares defendieron que la nueva norma ofrece un marco más claro para garantizar la libertad de información y el trabajo de los profesionales, e instaron a la oposición a centrar el debate en la mejora del texto durante la fase de enmiendas.
Entre los apoyos al avance de la ley también se situaron la Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente. Melodie Mendoza puso el acento en el valor social del servicio público audiovisual, especialmente en situaciones de emergencia y cohesión territorial, y defendió que mantener la provisionalidad no es una opción responsable. Raúl Acosta, desde la Agrupación Herreña Independiente, señaló que el problema de fondo no ha sido la falta de normas, sino la incapacidad política para cumplirlas, y consideró que el proyecto ofrece una salida democrática a una anomalía prolongada.
Con el rechazo de las enmiendas a la totalidad, el Parlamento abre ahora un periodo clave de negociación. El debate se traslada a la presentación de enmiendas parciales, donde los grupos tendrán margen para introducir cambios en un texto que el Gobierno defiende como «imprescindible para garantizar una radiotelevisión pública fuerte, plural y con reglas de funcionamiento estables».
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