El president del Govern, Salvador Illa, encaró la negociación del nuevo modelo de financiación con un voto de confianza de los agentes sociales. A mediados de septiembre del año pasado los dirigentes de Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT le dieron al president una foto de unidad de cara a la recta final de las negociaciones a tres bandas con Hacienda y ERC.
El objetivo entonces era el mejor acuerdo posible para las arcas catalanas y el resultado hoy, cuatro meses después de esa instantánea, no ha acabado de convencer, especialmente a las patronales.
Los más críticos han sido los empresarios de Foment del Treball, que ha calificado de «claramente insuficiente» los 4.685 millones de euros adicionales conseguidos para Catalunya. Desde la patronal han recordado que su posición «siempre ha sido ambiciosa» y que querían «una Agència Tributària Catalana que recaudara, gestionara, liquidara e inspeccionara todos los impuestos generados en Catalunya». Este era el segundo objetivo de ERC y por el momento está bloqueado, ante el ‘no’ de Hacienda.
Desde Pimec no se han mostrado tan críticos, pero ni mucho menos entusiastas con el resultado. Pese a «valorar los avances, […] incluso en el escenario de cumplimiento íntegro del acuerdo anunciado, el déficit fiscal de Catalunya continuará siendo muy elevado, hecho que pone de manifiesto que la reforma no resuelve todavía el desequilibrio de fondo del sistema», han afirmado en un comunicado.
Ante la ambigüedad de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ha dicho que «la construcción del modelo tiende a la ordinalidad», la entidad presidida por Antoni Cañete ha reclamado «que el principio de ordinalidad quede explícitamente blindado por ley».
Los sindicatos, más optimistas
Los sindicatos se han mostrado más entusiastas que las patronales con relación al acuerdo. «Consideramos que este puede ser un gran paso adelante para asegurar la autonomía financiera y la mejora de la financiación de los servicios públicos, que arrastran décadas de infrafinanciación, y pedimos a todas las fuerzas políticas que finalicen la negociación y lo acaben aprobando en el Congreso de los Diputados», ha manifestado CCOO en un comunicado.
Por el momento la mayoría parlamentaria que haría posible la entrada en vigor del acuerdo, a partir de 2027, no existe. Junts rechaza lo pactado por ERC con el PSOE y, por el momento, no parece que vaya a votar a favor del mismo en el Congreso.
«Valoramos positivamente el acuerdo aunque somos conscientes de que evidentemente faltan apoyos para poder votarlo en el Congreso. Ya tocaba arreglar el sistema de financiación porque el que había era de antes de la crisis económica del 2008 y, por lo tanto, era un retroceso», ha valorado el secretario de UGT de Catalunya, Camil Ros, que ha reclamado un «gran acuerdo social y político» para decidir dónde van los nuevos ingresos.
Ambiente enrarecido
El ambiente este viernes en el Palau de la Generalitat Catalana, donde los agentes sociales han desfilado después de los grupos parlamentarios para ser informados de parte del acuerdo, ha estado enrarecido. Ni empresarios ni sindicatos han ofrecido declaraciones ni han respondido preguntas tras el cónclave, algo inhabitual. De hecho, a la reunión con Illa ni siquiera han asistido todos los ‘primeras espadas’.
El hecho de que Illa haya juntado en la misma reunión a patronales y sindicatos con el Cercle d’Economia, el Col·legi d’Economistes o la Cambra de Comerç, con quien una de las dos patronales no mantiene ahora mismo buenas relaciones y les acusa de querer asumir roles que no le tocan, no ha ayudado a suavizar el ambiente.
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