La fiscal de Madrid Rosa Calvo González-Regueral ha presentado un escrito en el ‘caso Leire Díez’, la exmilitante del PSOE a la que se le acusa de maniobrar para perjudicar las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de fiscales, en el que reclama al juez de Madrid Arturo Zamarriego que deje sin efecto la personación como acusación particular del exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama. La representante del Ministerio Fiscal considera que no han sido perjudicados por la actividad de la considerada por el fiscal Ignacio Stampa, uno de los denunciantes, «fontanera del PSOE»,y por ello, dice: «Consideramos que no debe mantenerse la condición de perjudicados de los señores Aldama y García Castellón, a los efectos de su personación como acusación particular»,
El escrito, adelantado por La Sexta y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se especifica: «Difícilmente se puede considerar víctima o perjudicado a Víctor Gonzalo de Aldama, por hechos completamente ajenos a la trama que en esta causa se está investigando, tratándose de acciones delictivas diferentes, que atacan diferentes bienes jurídicos y que responderían a distintas intencionalidades, como serían ofrecerle beneficios procesales a cambio de determinada información sobre los procedimientos en los que se haya incurso».
«Escuchas ilegales»
Por eso, la fiscal sostiene que si dicho contenido «se pudo obtener a través de escuchas ilegales, o accesos inconsentidos, podría encuadrarse en el tipo penal del art. 197 del Código Penal, en cuanto se ha vulnerado su derecho fundamental a la intimidad personal y al secreto de comunicaciones, imputación que, desde luego, excede de lo que es objeto de este procedimiento, que versa sobre delitos de tráfico de influencias y cohecho».
Manuel García-Castellón / EL PERIÓDICO
En el caso de García Castellón, la fiscal sostiene que el exjuez se considera víctima tras conocer «una serie de noticias periodísticas en las que se recoge que, dentro de las reuniones que pudieron haber mantenido los investigados en esta causa para obtener información con la que desacreditar actuaciones judiciales contra el PSOE, y ello a cambio de obtener beneficios profesionales, se pudieron hacer alusiones cuestionando la integridad del ejercicio profesional del señor García Castellón como magistrado».
Y esa actuación, si se considera que tiene relevancia penal, prosigue, «podría ser constitutiva de un delito de injurias, [..] Por tanto, hechos completamente ajenos a los delitos contra la Administración Pública por los que se sigue la presente causa», argumenta Rosa Calvo González-Regueral, que también rechaza la personación como perjudicado del sindicato de funcionarios Manos Limpias.
No hay ampliación
En otro escrito, la fiscal rechaza imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como ha reclamado Vox, por no constar «ningún indicio cierto y concreto del que se desprenda dicha imputación«. La formación encabezada por Santiago Abascal considera que González podía tener conocimiento de las reuniones que estaba celebrando Leire Díez, «e incluso las controlaba, y ello con la finalidad de desbaratar las investigaciones policiales y judiciales sobre el entorno del presidente del Gobierno.
La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el Senado. / Mariscal EFE
En su querella, Vox sostiene su petición aludiendo a que «todas las fuentes» habrían coincidido en la participación por parte de la directora general de la Guardia Civil, y que la misma «habría recibido a Leire Díez». Pero estas afirmaciones, explica la fiscal, son «de tal vaguedad e inconcreción que, difícilmente, pueden sostener el inicio de una investigación penal. No cualquier relato que describa conductas delictivas debe dar lugar a la apertura incondicional de actuaciones judiciales, o en nuestro caso, a la ampliación de los hechos por los que se sigue este procedimiento», concluye.
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