El Ayuntamiento de Zaragoza ha desalojado y clausurado un edificio de cuatro plantas okupado de manera ilegal en el centro la ciudad por «cuestiones urgentes de seguridad estructural interna», ha informado el consistorio a última hora de este miércoles. El inmueble se encuentra en el número 50 de la calle Azoque y consta de un piso por planta, una buhardilla y una planta baja con comercio, ofreciendo fachada también a la plaza Salamero.
El edificio «llevaba tiempo okupado ilegalmente de manera integral, con distintos requerimientos municipales a la propiedad«, explican desde el consistorio. En él residían 30 personas, de las cuales 10 son menores de edad, y «en su gran mayoría», no estaban empadronados en Zaragoza. Tras ser desalojados, 13 de ellos «han declinado la oferta municipal de alojamiento provisional», mientras que, los restantes (12 adultos y 5 menores) han sido distribuidos por los Servicios Sociales, de manera progresiva durante todo el día, en diferentes hostales y El Refugio.
Los hechos se han desencadenado a la 1.15 horas de la madrugada del 31 de diciembre, cuando la Policía Nacional ha recibido la llamada de uno de los moradores tras hundirse el techo de su cocina. Una vez allí, asegura el consistorio, otra residente le ha dicho a los agentes que el hundimiento llevaba produciéndose «desde hace dos meses», aunque no se había dado la voz de alarma.
Tras acudir los Bomberos de Zaragoza y técnicos del servicio de inspección urbanística, se ha comprobado que había colapsado el forjado entre la tercera y cuarta planta «a causa de un deterioro y sobrecarga» provocados por filtraciones de la red de saneamiento del piso superior. La grave afección afecta a todo el edificio en la zona ocupada por baños y cocinas, causando un «peligro estructural», aunque sin afectar, dice el ayuntamiento, al local comercial del bajo.
Expediente abierto
Por otra parte, el consistorio ha constatado que el edificio está catalogado con protección de Interés Ambiental, con fachadas, cajas de escalera, carpinterías y cerrajerías como elementos a conservar. Asimismo, existe por parte del ayuntamiento un expediente abierto a la propiedad, a la que se le requirió una orden de ejecución en 2024 para la revisión completa de la estructura para acreditar su capacidad portante y, en su caso, repararlo y revisar la red de saneamiento del edificio para eliminar las lesiones de filtraciones producidas.Unas obras que nunca llegaron a realizarse, alegando el propietario que no había podido acceder al inmueble al estar okupado.
Con todo ello, el Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento ha dictado este miércoles, tras los hechos acontecidos, una providencia para decretar el desalojo de manera inmediata de todas las viviendas por la falta de condiciones de seguridad interior para los habitantes y cerrar los accesos al inmueble para impedir su reokupación.
Además, informa el ayuntamiento, Asimismo, la propiedad del edificio debe, «con carácter de urgencia», en 24 horas, comprobar el estado estructural de las zonas afectadas, cy tomar «medidas urgentes» para garantizar su estabilidad y, en 15 días, aportar al ayuntamiento el informe técnico correspondiente a la revisión general.
