Por tercera vez en los últimos tres años, salvo sorpresa mayúscula, el gobierno de Barcala aprobará este lunes, de la mano de Vox, los presupuestos municipales. Lo hará tras asumir, sin titubeos, el extenso listado de exigencias de la ultraderecha. Y no únicamente las incluidas en las enmiendas de los de Abascal (que por primera vez se han aprobado todas, en bloque), sino también cuestiones pendientes de pactos pasados, que se arrastraban desde hace meses.
Eso sí, pese a las prisas de las últimas semanas, que han sido muchas, el ejecutivo de Barcala llega a este lunes, a dos días de finalizar el año, con algunas cuestiones aún camino de alcanzar el hito marcado por los ultras para darse por cumplidas. Por ejemplo, la oficina de atención al cuidador no se ha inaugurado, aunque este martes la Junta de Gobierno tiene previsto aprobar la adscripción del local que se va a habilitar, en la calle Cienfuegos. Una dependencia municipal (otra más, tras el Centro 14 de Labradores) que inicialmente estaba dedicada a políticas para los jóvenes y que se va a destinar a otros fines.
Tampoco ha anunciado el gobierno de Barcala en qué otros puntos de la ciudad se habilitará red wifi gratuita tras activar el servicio en la plaza del Ayuntamiento. También está a la espera otra petición, según el último documento hecho público por Vox: cambios en la ZAS del Centro Tradicional ya que los ultras exigían «la revisión del plan previsto para su aplicación». El ejecutivo de Barcala ha dejado este cambio en stand by, a la espera de que se pronuncie la Justicia sobre la herramienta del Casco Antiguo, la primera en implantarse.
Tampoco se ha acabado de ejecutar una petición clave para los de Vox: la presentación de los nuevos servicios de la Oficina de la Maternidad, ya que la licitación del contrato relativo (con un presupuesto de 389.243 euros) se paralizó al detectar los técnicos de Servicios Sociales que con la externalización se estaban duplicando servicios que ya presta el Ayuntamiento.
De igual manera, por ahora, el gobierno de Barcala no ha hecho pública la revisión de las charlas del Observatorio de Medio Ambiente ni de las visitas a los refugios antiaéreos, cerrados desde agosto por los habituales retrasos en la gestión.
Base ideológica
Entre las enmiendas ya asumidas, la atención se suele focalizar en aquellas con base ideológica, de las que Vox puede defender en Alicante o en cualquier aldea de la España profunda, como un convenio con una entidad declarada antiabortista, una partida para promocionar la Oficina Antiokupas, un tijeretazo a las ayudas al Consejo de la Juventud por «estar integrado, en gran medida, por asociaciones dependientes de partidos políticos» y una revisión, con tinte xenófobo, del Padrón.
Pero Vox no solo está exigiendo al PP de Barcala las siempre polémicas cuestiones identitarias, sino también otras que podría firmar cualquier otro partido de la oposición, como mejoras en barrios de la ciudad, que van desde el más vulnerable (El Cementerio) hasta dos de los más acomodados: Vistahermosa y Playa de San Juan, reclamando mejoras en infraestructuras y servicios. Pero van más allá, poniendo también el foco en San Antón, el PAU 1, Divina Pastora, el Raval Roig, Carolinas, Ciudad de Asís, Altozano, Gran Vía Sur, Virgen del Remedio y en las partidas.
Así mismo, entre esas cuestiones «de ciudad», han conseguido el compromiso de impulsar, el tiempo dirá si se queda en papel mojado, mejoras en el patrimonio (desde el edificio del Ayuntamiento hasta el Castillo de San Fernando), proyectos destinados a menores con discapacidad (con juegos específicos en los parques infantiles), a las playas (con más servicios y mejoras en el paseo de El Postiguet) y en las instalaciones deportivas (de Florida-Babel a la ciudad deportiva), además de la promesa de un nuevo parque canino y la instalación de sombras en la ciudad, que no entienden de ideología.
¿Cambio de estrategia?
Y aquí es donde el problema intrínseco de la izquierda en Alicante, donde ha gobernado solo tres de los últimos treinta años, se agrava. Entre las formaciones progresistas crece un temor con base, y las elecciones de Extremadura no han hecho más que reforzarlo: la ultraderecha ya no genera el temor que permitió a Pedro Sánchez mantenerse, contra todo pronóstico, en la Moncloa tras las elecciones de 2023. El modelo a seguir ya no iría en esa dirección, sino en la impulsada, a miles de kilómetros, por Zohran Mamdani en Nueva York, con menos miedo y más políticas directas a los problemas sociales.
De ahí que, incluso en voz alta, no duden en replantearse la estrategia a seguir. Mientras piensan qué hacer, Vox cada día está más presente en los barrios de la ciudad, con visitas a comercios y carpas ciudadanas, escuchando los problemas de los vecinos y llevándolos al Ayuntamiento. De hecho, hasta el PP, pese a ser partido de gobierno, también está desempolvando las mesas informativas para no perder el contacto con los alicantinos.
A la izquierda, en cambio, cuesta mucho más verla en las calles, salvo que haya una protesta convocada. Y como ejemplo, por su simbolismo, el PSOE, con un grupo municipal que ya empieza a oler a interino (salvo que el PSPV confíe de nuevo, y no tardando, en Barceló, como ya empieza a rumorearse) y un partido acomodado en la paz impuesta con la gestora, de reunión interna en reunión interna. Así, mientras el PP de Barcala ansía la mayoría absoluta (que no se conoce desde Castedo) y Vox da por hecho su crecimiento, la izquierda, más allá de su delicadísima situación a nivel nacional, se replantea qué hacer, cómo y con quién en Alicante.
Una espera que da que pensar: ¿existe interés real en desvelar el proyecto del Parque Central?
Casi medio año llevan, según dicen, el Ayuntamiento de Alicante y el Ministerio de Transportes buscando fecha para presentar el diseño del futuro Parque Central de Alicante, un proyecto que incluye la integración ferroviaria y del resto del transporte terrestre, junto a la construcción de viviendas y de zonas verdes. Un proyecto clave, transformador, de ciudad. Seis meses parecería un tiempo prudencial si ambas partes tuvieran interés en llevar a cabo el esperado acto, que ya se programó, como desveló este diario, para el 4 de julio, aunque el gobierno de Barcala pidió más tiempo.
Parecería un plazo suficiente porque, por ahora, se habla solo de elegir un día para llevar a cabo una presentación, no de llegar a un acuerdo para renovar el sistema de financiación o concretar la quita de la deuda de las autonomías. Poner fecha parece más fácil, pero visto lo visto, no lo es. Tal vez es que no existe mucho interés en desvelar el diseño del proyecto. Por algo será.
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