El Senado ha vuelto a plantear al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno, también a instancias del grupo popular, mayoritario en la Cámara, en esta ocasión por no haber presentado y remitido al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026.
Esta iniciativa parte de una decisión adoptada por el pleno de la Cámara Alta el pasado 22 de octubre, según recuerda la institución en un comunicado, cuando los senadores acordaron enviar un requerimiento al Gobierno para instarle a presentar el proyecto presupuestario, paso previo a la iniciación del conflicto.
«Ante la falta de contestación por parte de la Presidencia del Gobierno, la Cámara Alta ha presentado formalmente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre las dos instituciones», explica la nota del Senado.
Obligar al Gobierno a presentar presupuestos
Uno de los efectos que el PP pretende conseguir con la presentación de este conflicto -el Senado ya ha tramitado una docena en lo que va de legislatura- es que el Tribunal Constitucional fije un «plazo máximo» al Ejecutivo para que presente las cuentas públicas de 2026, además de anular las prórrogas que ha acordado desde 2023.
Durante el debate plenario de octubre el PP tachó de «anomalía democrática» que el Gobierno no hubiera presentado los presupuestos, y tras una bronca discusión con reproches cruzados con los senadores de otros grupos, el requerimiento fue aprobado por 144 síes (todos del PP), 101 noes y 14 abstenciones.
El conflicto ante el Constitucional se sustenta en el convencimiento de que la falta de presentación del proyecto junto al «abuso indefinido de la prórroga presupuestaria» vulneran varios artículos de la Carta Magna.
Y ello porque, según la argumentación dada a conocer este martes por la Cámara Alta, el Gobierno «incumple la obligación constitucional de elaborar y presentar anualmente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado» prevista en los artículos 134.1 y 3 de la Constitución.
De esta manera las Cortes Generales, agrega, «no pueden ejercer su competencia en materia presupuestaria «prevista en los artículos 66.2 y 134.1. y se «limita» la capacidad del Parlamento de modificar el texto y en última instancia, aprobarlo o rechazarlo.
Aquí el Senado incide en que se habría vulnerado además el artículo 23 de la Constitución, porque se impide la participación de los senadores en la función presupuestaria.
En cuanto al «uso abusivo» de la prórroga presupuestaria atribuido al Ejecutivo, con unas cuentas prorrogadas desde 2023, entiende que se hace «al margen» del Parlamento y contra la Constitución.
Disolución de las Cortes sin presupuestos
En otro ámbito, el Senado entiende que existe una relación directa entre la no aprobación de los presupuestos y la pérdida de la confianza parlamentaria otorgada en la investidura, y afirma que los dos precedentes en los que los presidentes del Gobierno adelantaron las elecciones al no poder sacar adelante sus presupuestos constituyen una «convención constitucional».
Ello sucedió en 1995, cuando Felipe González disolvió las Cortes después de perder el apoyo de CiU para aprobar las cuentas públicas, y en 2019, cuando Pedro Sánchez hizo lo propio una vez que el Congreso rechazó su proyecto presupuestario.
En suma, el Senado solicita al Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado su atribución constitucional para participar en la aprobación de los presupuestos, para modificarlos y para controlar la acción del Ejecutivo y por abusar de las prórrogas presupuestarias.
En consecuencia, reclama que las prórrogas sucesivas de las cuentas de 2023 sean declaradas nulas y pide al tribunal que aclare los efectos jurídicos del posible reconocimiento de inconstitucionalidad y establezca un plazo máximo para que el Gobierno presente los presupuestos
