Juanfran Pérez Llorca anunció este lunes que el Consell aprobará el próximo viernes el proyecto de la segunda Ley de Simplificación Administrativa, una norma con la que el Ejecutivo autonómico quiere acelerar trámites y «derribar muros» que, a su juicio, levanta la propia administración ante ciudadanos e instituciones públicas. El presidente situó esa aprobación como el paso previo para iniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria en las Cortes y lo presentó como el primer compromiso concreto de los asumidos en su investidura.
El anuncio lo hizo público durante un encuentro organizado por Prensa Ibérica y celebrado en el Club INFORMACIÓN de Alicante, al que asistieron representantes institucionales, empresariales y sociales de la provincia, en una cita en la que Pérez Llorca desgranó las principales líneas de su agenda para la provincia de Alicante y defendió la necesidad de una política «útil» centrada en resultados.
El presidente reivindica que Alicante no puede ser la última provincia en inversión estatal
Pérez Llorca, que abrió su intervención recordando su vínculo con la provincia, se presentó como un presidente «que nació en Alicante», que vivió en la ciudad, «pasó buenos ratos» en el barrio del Pla y después se trasladó a Finestrat, donde ha sido alcalde. En un acto presentado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, explicó su salto a la primera línea autonómica como una decisión «por responsabilidad» y «por vocación de servicio», y no «por ambición o por ego personal», para dar continuidad al proyecto político del Consell.
Sumar
En ese arranque, el presidente insistió en que su proyecto «no quiere romper nada sino sumar a todos» y aseguró que su «única motivación» es «trabajar para sumar a todos los que quieran mejorar la vida de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana«. Pérez Llorca se presentó al frente de un proyecto «abierto, plural y centrado» y remarcó que «ninguna buena idea, venga de donde venga, va a ser despreciada ni apartada», un compromiso que definió como personal. En esa misma línea, reivindicó la lógica de los acuerdos y la corresponsabilidad, con un mensaje de «diálogo» y de «respeto» que volvió a aparecer al final de su discurso, cuando dijo que no cree «en la política que levanta muros» y que quiere «reconstruir puentes» también «de diálogo, de respeto y de compromiso».
El de Finestrat enmarcó ese planteamiento en una defensa cerrada del papel de la provincia dentro de la Comunidad Valenciana, después de afirmar que «durante demasiado tiempo» ha sido «menospreciada» desde administraciones autonómicas y centrales. A partir de ahí, la describió como «la verdadera representación de la diversidad, el dinamismo y el potencial» del territorio valenciano, desde las comarcas castellanohablantes de la Vega Baja hasta las valencianoparlantes, como la Marina Baixa. También destacó el peso demográfico de Alicante —»más de dos millones de personas» y cuarta provincia de España desde abril de 2023— y situó el eje Alicante-Elche como un área metropolitana que, dijo, «la situaría como la cuarta ciudad de España».
«La política no va de resistir, va de construir», dice el jefe del Consell tras reunirse con Sánchez
En ese diagnóstico, el presidente puso el foco en la inversión estatal y en la falta de Presupuestos Generales del Estado. Recordó que, en 2023, el Gobierno «condenó» a Alicante a ser «la última provincia en inversión estatal per cápita», pese a aportar «más de 3.000 millones de euros en impuestos» a las arcas estatales, y defendió que esa situación «no va del PP o PSOE, va de justicia» y de «sentido común». También advirtió de que, mientras no se aprueben nuevas cuentas, la provincia seguirá «atascada por quinto año consecutivo» en el último lugar y citó, entre las actuaciones pendientes, la ampliación del aeropuerto, el agua para la Vega Baja y el tren de la costa para la Marina Alta.
Resistir
En ese tramo, y tras aludir en varias ocasiones a la reunión que mantuvo la semana pasada con Pedro Sánchez, el presidente dejó una de las frases más marcadas del discurso: «La política no va de resistir, va de construir». Lo vinculó a la idea de «política útil» y a la necesidad de que los problemas de la provincia no queden atrapados en los bloqueos de Madrid, con un mensaje de salir «de cualquier trinchera» y avanzar desde el acuerdo. «Ahí es donde me encontrarán», añadió, en una apelación a trabajar juntos con medidas «concretas, prácticas y útiles» para mejorar la vida de los ciudadanos.
En el bloque de educación, el presidente situó como una de sus principales medidas la de «premiar el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo duro» de los jóvenes y puso el foco en el coste que asumen muchas familias para poder estudiar. En ese contexto, insistió en que la Generalitat subvencionará al 100 % el primer curso universitario a quienes aprueben todas las asignaturas, una iniciativa que vinculó a la idea de justicia con los estudiantes y con la sociedad. En su intervención recordó, además, que cada año «más de 8.000 alumnos» inician estudios en la Universidad de Alicante o en la Miguel Hernández y defendió que la calidad de la enseñanza «no puede depender del código postal» ni de la capacidad económica de la familia.
El dirigente popular vincula la libertad educativa al aumento del valenciano en la Vega Baja
En esa misma parte del discurso, Pérez Llorca volvió sobre la ley de libertad educativa y defendió que la elección de lengua por parte de las familias «funciona» frente a «las imposiciones». Para sostenerlo, aportó un dato sobre la Vega Baja: antes de la norma, afirmó, el 80 % de los estudiantes pedían la exención y ahora el porcentaje es del 74 %, lo que, a su juicio, demuestra que «hay más alumnos que antes estudiando valenciano». El presidente se definió como «firme defensor del valenciano» y sostuvo que, con «más libertad, más promoción y más apoyo», su uso crecerá. En esa línea, añadió que, en su caso, si sus hijas hubieran estado en edad de elegir, él habría marcado la casilla del valenciano, un argumento que conectó con la diversidad lingüística de la provincia.
Muros
Ya en el tramo final, el presidente volvió al eje del anuncio con una crítica a los «muros» que, dijo, levanta la propia administración ante los ciudadanos. Sostuvo que la administración «no está para complicarle la vida a las personas» con colas, trámites repetidos o formularios «incomprensibles o interminables», y señaló que ese problema se vive también en la gestión municipal. En ese punto, recordó el compromiso de aprobar antes de que acabe el mes la segunda Ley de Simplificación Administrativa y concretó que el proyecto se aprobará en el próximo pleno del Consell, este viernes 26 de diciembre, para iniciar «cuanto antes» su tramitación en las Cortes. «Es importante cumplir con aquello a lo que uno se compromete», añadió.
En sanidad, el presidente situó otra de las medidas que, dijo, se están concretando para aliviar la presión en las urgencias hospitalarias y mejorar la calidad asistencial. En ese marco, insistió en la puesta en marcha durante 2026 de nueve Centros de Atención a Urgencias 24 horas en la provincia. Pérez Llorca ligó esa actuación a la idea de que «la calidad asistencial es calidad de vida» y cerró su intervención con una apelación a «reconstruir puentes», con el objetivo de «mejorar la vida de la gente» y con un mensaje final: «Juntos avanzamos».
El presidente sitúa la vivienda en el centro de su agenda
El acceso a la vivienda ocupó uno de los bloques centrales de la intervención de Juanfran Pérez Llorca, que situó el problema como un reto que «necesita la unidad de acción de todas las administraciones» y defendió que la respuesta debe dirigirse a «incrementar la oferta» y no solo a regular el mercado. En ese marco, el presidente puso en valor el Plan Vive impulsado por la Generalitat, un programa que, según explicó, se está desarrollando «codo con codo» con ayuntamientos «de todos los partidos» para promover vivienda de protección pública y facilitar que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos vitales.
En la provincia de Alicante, Pérez Llorca detalló que se han adherido al plan 79 municipios y que hay 136 solares públicos «en estudio, análisis o desarrollo». Con ese despliegue, cifró en 2.943 las viviendas de protección pública puestas en marcha en el territorio, tanto de iniciativa pública como en fórmulas público-privadas, y precisó que 929 de ellas «ya están en construcción», dentro del objetivo de aumentar el parque disponible y facilitar el acceso a precios asequibles.
Como ejemplos en Alicante, el presidente citó la construcción de vivienda de protección pública en Rabasa, en una parcela de «casi cinco mil metros cuadrados», donde se levantarán 34 viviendas adosadas destinadas a alquiler asequible, con una inversión «de más de 2,8 millones de euros». En ese mismo apartado añadió las obras de rehabilitación integral de 20 viviendas en el barrio Miguel Hernández, dos actuaciones con las que la Generalitat pretende ampliar la oferta y, al mismo tiempo, intervenir sobre el parque ya existente. Pérez Llorca enmarcó ambas medidas en la idea de combinar promoción de nueva vivienda y recuperación de vivienda pública para dar respuesta a la demanda.
El jefe del Consell sumó otro ejemplo en San Joan d’Alacant al recordar la permuta aprobada «el viernes pasado» en el pleno del Consell, una operación que, según explicó, autoriza el intercambio de tres parcelas para destinarlas a la construcción de 110 viviendas de protección pública. Pérez Llorca presentó esa actuación como parte de la misma estrategia del Plan Vive, que busca movilizar suelo público y acelerar proyectos para aumentar la oferta en los municipios, con fórmulas que permitan sacar adelante promociones en plazos más ágiles.
Junto al Plan Vive, Pérez Llorca enumeró medidas de apoyo vinculadas a jóvenes y colectivos vulnerables. Citó los avales para la compra de primera vivienda del Instituto Valenciano de Finanzas, que, según dijo, han beneficiado a 7.163 jóvenes de la provincia, y también la reducción del 25 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos. Al mismo tiempo, sostuvo que «hace falta más» y explicó que en su reunión con Pedro Sánchez le trasladó varias peticiones: rebajar el IVA de la primera vivienda, poner a disposición suelo de la Administración General del Estado y viviendas de la Sareb para nuevas promociones, aumentar las ayudas directas —en especial para jóvenes— para compra y alquiler, y endurecer las normas contra la ocupación ilegal para estabilizar el mercado del alquiler.
«La vivienda no es un lujo, es un derecho constitucional y hemos de garantizarla con toda la fuerza del Estado», fue la idea de fondo con la que Pérez Llorca cerró este bloque, tras pedir medidas coordinadas y más suelo disponible para ampliar la oferta.
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