Cuando Santos Cerdán, aún diputado y secretario de Organización del PSOE, acudió a la comisión de investigación del Senado el 30 de abril de 2024 respondió con un rotundo «no» a casi todas las preguntas que se le realizaron sobre su relación presuntamente estrecha con el que fuera hombre para todo del exministro José Luis Ábalos en Transportes, Koldo García, así como sobre la existencia de vínculos de carácter económico entre ambos.
Un año y ocho meses más tarde, Cerdán ha conocido la prisión provisional durante cinco meses, la investigación del caso Koldo en el Tribunal Supremo ha revelado su fuerte conexión con el ex asesor ministerial y le sitúa como jefe de una trama presuntamente dedicada a beneficiarse de la adjudicación fraudulenta de obras públicas.
Por ello, la nueva comparecencia de Cerdán este miércoles en la misma comisión de la Cámara Alta se espera con gran expectación, aunque lo más probable es que su condición de investigado sirva de excusa al que fuera número 3 del PSOE para eludir las preguntas de los senadores.
Mejor callar que faltar a la verdad, que es lo que le imputa indiciariamente la jueza de instrucción número 24 de Madrid, Lidia María Paloma Montaño, tras haber admitido a trámite una querella por falso testimonio que presentó contra él la organización Hazte Oír por su primera intervención en esta comisión.
El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín – Europa Press
La nueva comparecencia de Cerdán se produce, además, tras salir a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que concluye que la empresa navarra Servinabar 2000 SL, que según las evidencias descubiertas pertenecía en un 45% a Cerdán, ingresó al menos 6.707.294 euros de Acciona, como consecuencia de los memorándums firmados con la compañía que presuntamente le aseguraban un cobro del 2 por ciento del total de cada obra que consiguieran adjudicar a través de la trama.
Gastos de «Paqui»
Además, el análisis de los dispositivos electrónicos incautados tanto a él como a su socio Antxon Alonso, igualmente imputado por el Supremo — e implicado la pasada semana en otra trama corrupta paralela, junto a un exvicepresidente de la SEPI y la considerada «fontanera» del PSOE Leire Díez– permitieron desvelar como «Santi» y su mujer «Paqui» vivían en un piso en Madrid pagado por Servinabar y realizaban gastos a cuenta de tarjetas bancarias al nombre de la misma empresa. «La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés», comentaba el matrimonio Alonso de la esposa de Cerdán, que ha declinado su citación en el Senado alegando una enfermedad.
Mucho ha cambiado la imagen del secretario de Organización socialista desde esta primera comparecencia en el Senado, siendo aún diputado, una condición a la que renunció el 16 de junio de este año, y apenas unos días antes de ingresar en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) que hoy ocupan Ábalos y el propio Koldo.
A la parte de la investigación del Supremo que implica a Cerdán le quedan aún varios meses y ya ha supuesto la prohibición de salir del país de tres directivos de Acciona, de la que Servinabar obtuvo al menos 6.7 millones de euros, siendo su principal fuente de ingresos. Su situación se ha visto complicada recientemente ante otro juzgado, el de Instrucción número 9 de Madrid, al que Cerdán tendrá que acudir como testigo el próximo 2 de febrero junto al actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales, Antonio Hernando, por sus reuniones en Ferraz con la exmilitante Leire Díez.
La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dejado en libertad provisional con medidas cautela / Diego Radamés – Europa Press
La decisión del instructor se produce después de que Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, investigados por tráfico de influencias y cohecho, aludieran en sus declaraciones como investigados a dos reuniones, de 40 minutos cada una, que se habrían desarrollado en la sede del PSOE en la madrileña Calle de Ferraz. Los encuentros habrían tenido lugar, siempre según la versión de los investigados, en abril de 2024, después de que el presidente Pedro Sánchez se tomara un periodo de reflexión tras abrirse una causa penal contra su esposa, Begoña Gómez.
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