La Fiscalía Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones que fueron concedidos por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, que habrían servido para llevar a cabo «operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela», según consta en una querella, a la que ha tenido acceso esta redacción. En concreto, se trataría de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)», especifica un auto de la Audiencia Nacional.
La operación desarrollada este miércoles por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en la que han sido arrestados el presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez, y su número dos, el consejero delegado-director general, Roberto Roselli, la ha dirigido la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que había archivado el 5 de enero de 2023 una causa sobre los mismos hechos. Las nuevas pesquisas, que se mantienen secretas, tratan de determinar «el presunto uso indebido de las ayudas públicas españolas» procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El Ministerio Público advertía en una querella presentada en la Audiencia Nacional que la aerolínea figuraba «como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro». Y esos contratos daban cobertura, a su vez, «a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal». Los supuestos créditos «fueron íntegramente reembolsados» por Plus Ultra con el dinero concedido por el Consejo de Ministros, por lo que, entiende la Fiscalía, constituye un «indicio de una defraudación al Estado».
30 millones en Emiratos
También se hacía referencia «a la venta de oro por importe de unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que concedió los citados préstamos; a la remisión de cantidades por la misma sociedad a otra empresa a una cuenta en Panamá; a que algunos de los clientes de esta red supuestamente dedicada al blanqueo de capitales tenían antecedentes policiales y/o judiciales en nuestro país; y que paralelas actividades de blanqueo se habían podido utilizar en la venta de relojes de lujo«.
El Ministerio Fiscal atribuye los presuntos delitos de malversación de los fondos procedentes de Venezuela a «una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, constituida presuntamente por personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países».
La denuncia de Anticorrupción, que presentó inicialmente el 21 de octubre de 2024, tiene su origen en solicitudes de cooperación internacional procedentes Suiza y Francia, cuyas fiscalías reclamaron los registros de domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo, Tenerife y Mallorca, que se llevaron a cabo. Estos inmuebles estaban «vinculados a las personas que dirigen y colaboran con la red de blanqueo investigada por las autoridades europeas y que opera, entre otros lugares, en España». Los registros fueron ejecutados por orden de la Audiencia Nacional a petición de ambos países europeos.
Al Juzgado número 15 de Madrid
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inadmitió el 13 de diciembre de 2024 la querella que interpuso Anticorrupción, al considerar que era competencia del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid: «Debería, pues, en su caso, trasladarse a ese Juzgado la nueva información de la que dispone la Fiscalía para que, si se estimara oportuno, se reabrieran las actuaciones, al parecer sobreseídas provisionalmente», decía el auto.
En concreto, la Fiscalía había reclamado la apertura de diligencias previas al considerar «la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con delitos de malversación y/o cohecho cometidos en Venezuela, así como, en su caso, el uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez cantidades de ilícito origen», especifica la resolución judicial.
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