- Coloquio online
- Participación de dirigentes y expertos
- Acciones contra los pisos turísticos
- Petición de limitación de precios de alquiler
Sumar vuelve a la carga con el tema que más preocupa en sus filas: la vivienda. Este miércoles a las seis y media de la tarde ha organizado una “formación online” para todos los públicos, tanto simpatizantes como ciudadanos no adscritos que quisiesen participar, según ha podido confirmar Confidencial Digital.
Coloquio online
Un coloquio que el partido que destinado a dar voz a las medidas que propone para poner fin a un alza de precios que tensado sobremanera casi todas las grandes ciudades del país, pero especialmente Madrid y Barcelona.
Participación de dirigentes y expertos
El curso o coloquio organizado por el partido fundado por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, lo protagonizan dos dirigentes: Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, y Carlos Martín, portavoz de economía y hacienda del grupo parlamentario.
También participan Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, y Carlos Martínez, miembro del gabinete de la secretaría general de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales. Sumar pretende también poner el acento en las iniciativas que ha adoptado la cartera dirigida por Pablo Bustinduy en esta materia contra los pisos turísticos.
Acciones contra los pisos turísticos
El ministro se ha dirigido a las plataformas como Airbnb para que retiren los anuncios de aquellos inmuebles que no cumplen con la legislación y que, por tanto, no pueden ser considerados alquileres de este tipo. Una acción que ha obligado a la plataforma a retirar más de 65.000 pisos.
Petición de limitación de precios de alquiler
Desde Sumar llevan años pidiendo limitar el precio de los alquileres al Ministerio de Vivienda, en manos de la socialista Isabel Rodríguez. La ley de Vivienda, la primera de la democracia, permite toparlos en las zonas que las autonomías declaren como “tensionadas”, pero casi todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular han rechazado aplicar la norma —la mayoría de las competencias recae en los ejecutivos regionales—.
