El administrador único de Seguridad Integral Canaria (SIC), Héctor de Armas, ha reconocido este miércoles en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Las Palmasque sustrajo 83.000 euros de los depósitos que dejaban las entidades bancarias en su empresa para que los custodiara bajo la creencia de que eran fondos propios. Después, destinó estas cuantías para pagar a los trabajadores que llevaban hasta siete y ocho meses sin cobrar sus nóminas debido a la mala situación financiera que atravesaba la sociedad.
La fiscal Cristina Coterón, sin embargo, sostiene que estos hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida con independencia del destino que tuviera el dinero sustraído y pide una pena de tres años y medio de cárcel. Aun bajo la creencia de que el efectivo era propiedad de la empresa, añade, debía haber contado con la firma del administrador concursal para su retirada.
El caso se incoó tras la denuncia presentada por la jefa de administración de SIC en febrero de 2019, después de que esta recibiera un correo electrónico de la jefa de la cámara donde se custodiaban los depósitos y del responsable de operaciones en el que advertían de que Armas había ordenado la retirada de distintas cuantías entre el 29 de enero y el 26 de junio de 2018.
La fiscal pide tres años y medio de cárcel por un presunto delito de apropiación indebida
Las denuncias fueron sobreseídas hasta en dos ocasiones por el juez instructor, sin que el Ministerio Público lo recurriera, pero sí lo hicieron las acusaciones particulares. La Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó entonces un auto en el que entendía que existían suficientes indicios para continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado. En ese momento, solo se habían practicado las declaraciones de Armas y del administrador concursal de la entidad y se habían aportado siete pagarés con la firma del empresario.
La defensa, que ejerce la letrada Mónica Beaumont, planteó como cuestión previa la nulidad de la causa debido a una vulneración de la tutela judicial efectiva. Aseguró que el hecho de que declaren en la vista oral los denunciantes y trabajadores de la empresa que no fueron citados como testigos durante la fase de instrucción atenta contra el derecho a defenderse de su representante por no poder proponer prueba contraria.
El responsable de operaciones de la entidad afirmó en el juicio que el empresario le pidió en varias ocasiones que llevara unos vales a la cámara donde se custodiaba el efectivo para retirar las cuantías señaladas y que este las dispusiera tras la firma de un albarán. Sin embargo, al cabo de unos meses indicó que le confrontó para preguntarle si iba a reponer el dinero y este no le supo responder más allá de señalar que era necesario para la empresa, por lo que decidió poner estos hechos en conocimiento de sus superiores.
No reconoce todos los albaranes
La versión del empresario es que solicitó al departamento financiero que obtuviera fondos de lo que él entendía que eran recursos propios para empezar a pagar a los empleados. Negó que la firma que figura en cinco de los siete albaranes aportados a la causa sea suya y declaró que una de las empleadas mentía al asegurar que le había visto avalando el pago.
«He escuchado relatos que me posicionan como si yo dispusiera de ese dinero para hacer lo que me diera la gana en mi propio beneficio, pero yo no modifiqué ningún criterio con el que la empresa venía funcionando», declaró. Se intervinieron sus cuentas y se revisaron sus movimientos bancarios y patrimoniales sin que se encontrase rastro de los 83.000 euros sustraídos.
Armas afirmó que si hubiera tenido intención de ocultar estas sustracciones no habría puesto su firma en el pagarés y que el destino de estos fondos era el pago de las necesidades más inmediatas de los empleados. «La dirección de recursos humanos debía ir reteniendo una parte en las nóminas de los trabajadores para reponer la caja», señaló, aunque eso «nunca ocurrió».
El administrador concursal señala que su firma era necesaria aunque fuesen fondos propios
Entonces, recibió un correo en el que se le requería la devolución de estas cuantías, aunque señaló que él no le dio «ninguna importancia» porque pensaba que se estaba siguiendo el procedimiento habitual. A día de hoy, y tras escuchar los testimonios de sus empleados en el plenario, es «consciente de que no lo era».
«No tenía ningún interés a las entidades bancarias, que incluso nos ayudaron durante la administración concursal«, aseguró el administrador concursal de SIC. En el momento de los hechos, añadió, solo había cuatro entidades en España que se dedicaban al traslado y depósito de fondos.
Las acusaciones piden que el dinero faltante sea repuesto a las entidades CaixaBank y BBVA como supuestas perjudicadas. Sin embargo, el administrador concursal, Juan Carlos Santos, precisó que se guardaban en una caja conjunta los depósitos de las diferentes entidades bancarias y empresas y que es imposible determinar cuáles se han visto afectadas y cuáles no.
Actos intervenidos
Santos indicó que entró en la empresa tras la declaración del concurso el 11 de enero de 2018 y debía intervenir cualquier acto que llevara a cabo el administrador único hasta la liquidación, que se acordó al año siguiente. «En esa fase, la firma del administrador societario no era suficiente, se necesitaban las dos para poder realizar cualquier pago», precisó.
La fiscal mantuvo, tras escuchar la versión del acusado, que contaba con una «serie de pistas» en los albaranes que firmó que indicaban que no se trataba de un procedimiento habitual. «Ni el departamento financiero pidió el dinero, ni las entidades bancarias eran conscientes de que ese dinero se había entregado», añadió.
El juicio quedó visto para sentencia y el tribunal, con la magistrada Eugenia Cabello como ponente, se comprometió a resolver las cuestiones previas en la resolución.
Sin rastro de los 720.000 euros desaparecidos
Las entidades bancarias que depositaron su dinero en Seguridad Integral Canaria para su custodia sufrieron un quebranto de 720.000 euros, de los cuáles solo se ha logrado localizar a dónde fueron a parar los 83.000 euros objetos de esta causa. Así lo comprobó la empresa Lumix cuando asumió las responsabilidades de Seguridad Integral Canaria tras su liquidación, después de la salida de Héctor de Armas por motivos de salud. Esta cuantía, que venía desde antes de 2018, fue asumida como pérdida por parte de los clientes de la sociedad a repartir en distintos porcentajes. Entre los afectados se encuentran BBVA, CaixaBank, Bankia, Cajasiete, el Banco Santander y Bankinter. Se trataba de un dinero entregado como depósito y que, de forma habitual, no se debe tocar.
