La Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanitat investiga si las complicaciones que sufrió un niño que fue atendido en una clínica dental de Paterna están relacionadas con una mala praxis del anestesista. Se da la circunstancia de que el afectado había sido asistido por el mismo especialista que está siendo investigado por la muerte de una niña de seis años y la grave intoxicación de otra de cuatro, a las que sedó en Paterna.
En caso de demostrarse que la reacción del menor estuvo causada por una mala praxis, la jueza de Alzira que instruye la causa podría imputarle un nuevo delito de lesiones, que se sumaría a los de homicidio y lesiones por imprudencia profesional, omisión del deber de socorro y hurto por los que ya está siendo investigado.
Este último caso, ocurrido semanas antes de producirse los de Alzira, se han conocido a raíz de las inspecciones que Sanitat está llevando a cabo en las clínicas privadas donde E. Ll. A. prestaba sus servicios para esclarecer las causas que provocaron la muerte de una niña de seis años, y si ha habido anteriormente más pacientes afectados por una presunta mala praxis en la aplicación de los fármacos que utiliza para relajar a los pacientes, y que sustraía del hospital en el que trabajaba.
Las pesquisas se centran en aclarar si, tal y como se tiene la sospecha, las reacciones de las menores estuvieron provocadas por los fármacos utilizados para realizar las sedaciones de las pequeñas, y que el especialista sustraía del hospital público de gestión privada en el que trabajaba, y si la muerte de la niña de seis años fue por una sepsis causada por un anestésico contaminado.
Fármacos robados
Hasta el momento la sustracción de los medicamentos es una de las pocas certezas que ha podido confirmar el Grupo de Homicidios, después de rastrear la trazabilidad de los lotes de los dos compuestos usados en la intervención, que les ha llevado hasta ese centro hospitalario, de donde el investigado por homicidio y lesiones negligentes habría presuntamente sustraído tanto el midazolam como el propofol, los dos anestésicos empleados en esa sedación consciente a la que fueron sometidas ambas menores para recibir distintos tratamientos odontológicos en la mañana del pasado 20 de noviembre.
Ahora, para detectar si previamente ha habido pacientes que han experimentado complicaciones tras ser atendidas por el principal investigado, y tras practicar un registro en el centro de Alzira y en el domicilio del anestesista, los inspectores de conselleria han comenzado a inspeccionar otras clínicas privadas donde el especialista prestaba sus servicios. Según ha podido confirmar este diario, se trataría de una franquicia con sedes en Paterna y Catarroja, un centro en Sagunt y otro en València, además de la clínica de Alzira.
Después de dos semanas de exhaustiva investigación, la Policía Nacional detenía el pasado miércoles a E. Ll. A., el anestesista que sedó a las niñas de Alzira, como presunto autor de un delito de homicidio. Asimismo, también se le imputan los delitos de lesiones, omisión de socorro y hurto, este último por la sustracción de fármacos en el hospital en el que prestaba sus servicios habitualmente. Por su parte, la propietaria de la Clínica Dental Mireia, que también fue detenida y puesta en libertad con cargos horas después, tras prestar declaración en la Jefatura Superior de la Policía Nacional, está siendo investigada como presunta autora de un delito de omisión de socorro y otro contra la salud pública.
En libertad con cargos
Tras más de cinco horas declarando en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, la jueza acordaba dejar en libertad con cargos al principal investigado, al considerar que actualmente no se dan las circunstancias para ordenar su ingreso en prisión provisional, tal y como solicitaba la Fiscalía. En su auto, la magistrada remarcaba que con la información recopilada hasta el momento, y a la espera de obtener el historial clínico de ambas niñas y de los resultados de las analíticas de las muestras obtenidas, «no existen suficientes indicios racionales de que la causa definitiva de la muerte de una de estas menores pueda ser atribuida exclusivamente a una imprudencia profesional grave o menos grave del investigado».
Así con todo, la instructora acordaba una serie de medidas cautelares para el investigado, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer de forma periódica ante el juzgado.
