El Gobierno ha confirmado este martes que renuncia a unos 60.300 millones de euros de los créditos europeos, lo que equivale a en torno a un 72,6% de los 83.160 millones asignados a España como parte del programa Next Generation EU puesto en marcha a raíz de la pandemia. Al mismo tiempo, ha «mantenido el objetivo» de lograr la totalidad de los 79.854 millones en subvenciones a fondo perdido que corresponden al país. Hasta ahora, se han percibido 56.078 millones, pero el Ejecutivo afronta el riesgo de perder parte de las subvenciones si no completa su ejecución antes del 31 de agosto de 2026 o si no se logra que el Parlamento apruebe algunas de las reformas legales comprometidas con la Comisión Europea.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha justificado la renuncia a la mayoría de los créditos europeos por un doble motivo. El primero es que ya no son económicamente tan ventajosos: cuando se pusieron en marcha en 2021, el Estado se financiaba en los mercados a un tipo de interés 0,7 puntos porcentuales más caro que el de la Comisión Europea, pero ahora esa brecha se ha «prácticamente cerrado» hasta los 0,03 o 0,04 puntos. El segundo tiene que ver con los plazos (los fondos europeos deben estar asignados antes de que acabe agosto del año que viene) y con las mayores obligaciones burocráticas que implican los recursos comunitarios, por lo que la apelación a deuda española resulta «más flexible».
«Los préstamos, que pusimos sobre la mesa como una red de seguridad para poder dar continuidad a las inversiones de nuestro plan de recuperación, van a estar ahora disponibles con una red de seguridad nacional, ya no europea«, ha asegurado Cuerpo, quien ha afirmado que ello permitirá «máxima capacidad de actuación, reduciendo barreras y mejorando la flexibilidad de acceso a los fondos de manera que no haya en ningún momento restricción de acceso al crédito para las empresas». En este sentido, ha anunciado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) recibirá una inyección de capital de 13.000 millones de euros para reforzar su capacidad de financiación.
Adenda al plan
El Consejo de Ministros, en esta línea, ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación en la que se reduce la petición de créditos europeos, pero también se revisan 160 de las medidas previstas para «simplificar y reducir las cargas administrativas». Cuerpo, eso sí, ha asegurado que se «acelerará la ejecución de los hitos y objetivos» que es preciso cumplir para acceder al 100% de las subvenciones previstas, al tiempo que se han añadido nuevas partidas, como 300 millones para supercomputación o 2.500 millones adicionales para descarbonización y transición ecológica.
A falta de conocer los detalles de esa nueva programación de hitos y objetivos, el ministro ha adelantado que se mantiene la obligación de equiparar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina, para la que se amplió el plazo hasta finales de enero y que ya provocó en julio que Bruselas penalizase a España con un descuento de 1.100 millones en el quinto desembolso de los fondos. Otros han desaparecido (como la obligación de crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, paralizada en el Congreso) o se han transformado (la reforma de la ley del suelo ahora se cambia por medidas relacionadas con la empresa pública de vivienda).
Suscríbete para seguir leyendo
