La juez abrió juicio oral por fraude fiscal, falsedad documental y organización criminal contra el empresario Alberto Gómez Amador el pasado mes de septiembre, pero la situación de atasco en los juzgados de lo Penal de Madrid, atendidos por un único magistrado que juzga y dicta sentencia por los casos de menor gravedad, puede retrasar la fijación de la vista y su resolución hasta el año 2027, según fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO.
Actualmente, el juzgado de instrucción número 19, que fue el que investigó la actividad fiscal del empresario, está a la espera de recibir formalmente la última resolución que se dictó por parte de la Audiencia Provincial sobre este asunto, que fue la que rechazó el recurso presentado por la defensa de la pareja de Isabel Gómez Ayuso contra su procesamiento.
El abogado Gabriel Rodríguez Ramos acudió al tribunal de apelación señalando la necesidad de practicar más prueba de descargo, pero los magistrados le respondieron que éstas no son «ni necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación» y ratificaron la decisión de sentarle en el banquillo por un fraude de 350.000 euros.
Así las cosas, a principios de la pasada semana dicha resolución no había sido aportada aún al procedimiento, un paso necesario para que todo este expediente pase de forma definitiva al órgano que debe juzgar al empresario, que es un Juzgado de lo Penal de Madrid. Le corresponde a un juez de lo Penal por no tratarse de un delito agravado (cuando defraudado no supera los 600.00 euros). Una vez el asunto, llegue a los juzgados le corresponderá a juzgar a uno de los 39 jueces que actualmente integran esta jurisdicción en la capital (con excepción de los dedicados en exclusiva a la violencia sobre la mujer).
El querellante Alberto González Amador a su llegada la segunda jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo, a 4 de noviembre de 2025 / Eduardo Parra – Europa Press
Tiempo de respuesta: un año
La cuestión es que según las estadísticas del propio Consejo General del Poder Judicial –la última es de 2023– la estimación de los tiempos medios de duración de un procedimiento en los juzgados de lo Penal de Madrid es de algo más de un año, lo que pondría el horizonte de una posible condena (o absolución) de la pareja de Ayuso a finales del próximo año o entrado ya el 2027.
La razón es la situación de cierto colapso existentes en estos juzgados de un solo juez, especialmente desde la pandemia de covid según apuntan las fuentes consultadas. En la Audiencia Provincial, órgano al que le hubiera correspondido en caso de tratarse de un delito agravado, y según las mismas estadísticas, la celebración del juicio y su resolución podría solventarse en unos 8 meses.
PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular en la causa, solicitan la imposición de la pena más elevada de prisión para el empresario, un total de cinco años de cárcel a los que habría que sumar la inhabilitación para la gestión y administración de empresas durante el tiempo de la condena y multa de 27.000 euros.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden por su parte 3 años y 9 meses de prisión para González Amador. Los Servicios Jurídicos del Estado elevan el fraude hasta a los 449.000 euros, y pide imponer además pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de 3 años.
La petición de las acusaciones populares es más elevada porque a los delitos continuados contables y de falsedad en documento mercantil, suman el de pertenencia a grupo criminal que atribuyen tanto a Alberto González Amador como a los socios, a los que la investigación penal imputa la confección de facturas falsas.
La causa se abrió por un fraude del Impuesto de Sociedades por la actividad de su empresa Maxwell Cremona en los años 2020 y 2021. Su defensa está a la espera de estudiar la sentencia que dicte el Tribunal Supremo en los próximos días contra el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos que habría perjudicado al derecho de defensa de este empresario antes de decidir si sus argumentos permiten presentar cuestiones de nulidad relacionadas con el procedimiento de fraude en su contra.
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