El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha abierto diligencias previas tras la querella interpuesta por Izquierda Unida y el Partido Comunista contra altos cargos civiles y militares de Israel por interceptar la flotilla que navegaba rumbo a Gaza y detener a sus integrantes el pasado mes de octubre.
En un auto dictado el pasado 17 de noviembre, al que ha tenido acceso EFE este lunes, el magistrado pide que la Fiscalía se pronuncie acerca de si debe admitir la querella y sobre si proceden las diligencias de investigación solicitadas.
El juez también ha incoado diligencias previas y dado traslado a la Fiscalía respecto a una querella interpuesta por particulares que viajaban en dicha flotilla humanitaria, en concreto Alicia Armesto, Néstor Prieto, Manuel García Morales, Reyes Rigo y Juan Carlos de la Rubia, según indica Izquierda Unida en un comunicado.
IU y el Partido Comunista de España (PCE) dirigieron su querella, interpuesta el pasado 13 de noviembre, contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir; el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Ramatcal Eyal Zamires; el almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel, Ram Rotberg; y la máxima autoridad de la prisión de Ketziot, Yosef Knipes.
Pedían investigar posibles delitos de piratería, detención ilegal, tortura y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado en la interceptación, arresto y deportación de centenares de activistas de la Sumud Flotilla, en el contexto, según recalcaron, «de la comisión de delitos de lesa humanidad y de genocidio».
Al respecto de esta querella, el juez Francisco de Jorge apunta que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido» procede «instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable».
IU y el PCE denunciaron «acciones criminales» por parte de dirigentes israelíes después de la detención y la deportación de los casi 500 activistas de la flotilla Global Sumud, entre los que viajaban más de 50 españoles. A su llegada a España, los activistas españoles denunciaron maltratos durante su detención.
Los tribunales españoles están limitados a la hora de investigar crímenes internacionales y, tras sucesivos cambios legales, solo pueden investigar en aquellos supuestos en los que el procedimiento se dirija contra un español o un extranjero que resida en España, o que se encuentre en el país y su extradición haya sido denegada.
En todo caso, con sendos procedimientos abiertos en la Corte Internacional de Justicia y en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la Fiscalía española mantiene abierta desde el pasado 18 de septiembre una investigación sobre posibles violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Ejército de Israel en Gaza, en la que se incluye la interceptación de la flotilla.
