El juez Eduardo Martínez Gamero sostiene que existen «indicios racionales» de criminalidad contra el ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, detenido en la segunda fase del caso mascarillas, a quien atribuye una «aquiescencia» activa en una trama de cobro de comisiones ilegales camuflada bajo un «lenguaje encriptado» sobre servicios dentales.
Según el auto judicial que autorizó los registros y detenciones desarrollados hace una semana, al que ha tenido acceso EFE, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a García en el vértice de una presunta organización criminal dedicada al cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería destaca como indicio clave un mensaje de WhatsApp enviado por el presidente a las 20:53 horas del 8 de abril de 2020, consistente únicamente en un «emoticón de un diente».
Este mensaje fue enviado «solo tres minutos después» de que García estampara su firma en el decreto de adjudicación de un contrato de material sanitario a la empresa Azor Corporate Ibérica S.L, según el auto que adelanta este martes ‘Diario de Almería’.
Para el instructor, este hecho evidencia el conocimiento del presidente sobre el cobro de comisiones, utilizando términos como «dentista», «muelas picadas», «cambiar la piñata» o «limpieza» para referirse en diferentes mensajes de WhatsApp a los amaños de contratos y el reparto de beneficios ilícitos.
La resolución judicial detalla que el contrato adjudicado a Azor Corporate, propuesto por el entonces diputado de Presidencia Fernando Giménez —también investigado y detenido—, generó unos sobrecostes de «945.327,61 euros», lo que supone el «42,27 % del contrato total».
El juez afirma que estos fondos fueron «retornados ficticiamente» a una sociedad instrumental controlada por la trama, denominada CORPFAM, y que parte del dinero fue entregado en efectivo por el administrador de la empresa adjudicataria a intermediarios para su distribución entre cargos públicos.
Blanqueo a través del entorno familiar
El auto, que justifica la entrada y registro en los domicilios del presidente y de sus hermanos, M. R. G. M. y J. C. G. M., señala patrones financieros incompatibles con una actividad legal. El juez destaca la «inexistencia de retiradas de efectivo de sus productos bancarios» por parte del presidente, lo que sugiere que sus gastos diarios se cubrían con fondos opacos.
Paralelamente, la investigación ha detectado «ingresos en efectivo sin justificación» en cuentas de su hermana para el pago de cuotas hipotecarias por valor de 19.750 euros, así como la entrega de otros 20.000 euros en metálico para la compra de una parcela, maniobras que el magistrado califica como presuntas operaciones de blanqueo de capitales.
Ante los delitos investigados —cohecho, malversación, blanqueo y fraude—, el juzgado ha ordenado el «bloqueo de productos financieros» y la prohibición de disponer de bienes inmuebles y vehículos de los investigados.
Asimismo, se ha autorizado el «copiado-volcado (‘clonado’)» de todos los dispositivos informáticos y telefónicos incautados durante los registros practicados este martes, así como el rastreo de posibles billeteras de criptomonedas que la trama pudiera estar utilizando para ocultar el dinero desviado.
La investigación se extiende también a la adjudicación de obra pública a las empresas PULCONAL y OYC Servicios Urbanos, vinculadas a políticos del municipio de Fines (Almería) y que, según el auto, habrían recibido decenas de contratos de la Diputación mediante un «concierto previo» y careciendo de medios propios para ejecutar las obras.
En concreto, PULCONAL estaría vinculada mediante personas «interpuestas» al exvicepresidente tercero Óscar Liria, uno de los detenidos en 2021, y OYC Servicios Urbanos con el alcalde de Fines y tío de Liria, Rodrigo Sánchez.
