«La escopeta nacional» es una película de Luis García Berlanga que retrata la España empresarial y política del tardofranquismo, esa etapa final de la dictadura que se extingue con la muerte de Franco en noviembre de 1975. La erosión del régimen iluminaba las dinámicas de poder y las relaciones entre quienes, desde las instituciones o sus alrededores, buscaban su propio beneficio.
La trama muestra cómo la defensa de intereses particulares es el combustible de muchas interacciones y cómo la frontera entre ética y conveniencia se desdibuja en cuanto aparece una oportunidad. En ese entramado de silencios y complicidades -que abarca desde el municipio pequeño hasta la cúspide de la Administración- corruptores y corruptos conviven con naturalidad, como si formaran parte del paisaje.
Mientras la responsabilidad colectiva se evaporaba entre gestos cómplices y miradas evasivas, unos eludían preguntas incómodas y otros se refugiaban en la opacidad, integrándose la corrupción en la rutina institucional casi sin resistencia. Las prácticas de influencia y favor, arraigadas en nuestra tradición política, han impregnado también el ámbito social, reforzando una cultura que normaliza lo inaceptable.
La corrupción -sistémica, persistente, cotidiana- contamina todo: el sistema educativo, la justicia, la acción de gobierno, la contratación y el acceso al empleo. Lo hace en silencio, mientras la cultura de discreción y «confianza interior» sustituye al control institucional. ¿De verdad queda en España alguien que crea que un secretario general o un presidente desconocían lo que pasaba a su alrededor?
Hay que desterrar la idea cómoda de que «ya hablarán los tribunales». No: es el tiempo de las responsabilidades políticas. La clave es la ejemplaridad, porque sin ella no existe el ejercicio legítimo de la función pública.
Ese armazón de silencios consolidó un sistema donde nadie preguntaba y nadie quería saber. La corrupción se integró en el paisaje, aceptada como un hecho inevitable, pero nunca explorada en sus causas. No sirve pedir a la ciudadanía una especie de perdón sanador que borra el pecado. En política no hay indulgencias: sencillamente te marchas.
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El tema se aborda casi siempre con solemnidad superficial, sin descender a sus raíces ni a las conexiones que la sostienen. Los medios centran la mirada en los corruptos -políticos y cargos públicos- y relegan a los corruptores, quienes inducen estas prácticas. Esa mirada parcial genera un efecto de acostumbramiento social, alimenta resignación moral y refuerza la idea de inevitabilidad.
Tampoco vale refugiarse en que «no se sabía nada». Las responsabilidades jurídicas están en horas bajas, pero la culpa «in eligendo» e «in vigilando» siguen ahí: quien elige a su círculo de confianza responde por él. Sin embargo, la sociedad parece habituarse a las trapisondas del poder.
Mientras los titulares se suceden y la opinión pública oscila entre el escepticismo y la indiferencia, la trama de favores continúa tejiéndose en los despachos. La raíz del problema sigue intacta: el corruptor actúa como un «deus ex machina» inagotable con el que, según parece, estamos condenados a convivir.
¿Si no hubiera corruptores, habría corruptos? Siempre habrá quien use su poder para enriquecerse, pero el rechazo social -paradójicamente- suele recaer solo sobre el corrompido.
La sociedad se pregunta qué falló o qué está fallando. Y entonces surgen las preguntas concretas: ¿quién redactó los pliegos?, ¿quién estuvo en la mesa de contratación?, ¿quién informó las ofertas?, ¿quién fiscalizó la ejecución y los pagos?
La respuesta pasa por individualizar a quienes le han dado la espalda a la ley y exigir el acatamiento de un marco jurídico ya lo suficientemente estricto como para impedir estas prácticas: enjuiciar y encarcelar a los empresarios corruptores e inhabilitar a políticos y funcionarios corruptos. Solo instituciones fuertes y vigilantes pueden frenar una deriva que amenaza la credibilidad del propio Estado.
Lo que no es previsible -o no debería serlo- es que sigamos obviando el importe, el corruptor y las circunstancias del corrompido.
Es un problema de cultura democrática, a favor del servicio público. El poder de corromper instituciones e imponer intereses al margen de la ley debería alarmarnos. Acabar con los corruptores es de primero de dinero negro.
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Medio siglo después, corruptores y corruptos siguen moviéndose con idéntica soltura. Berlanga no filmó una sátira: filmó un diagnóstico de su tiempo. Y su cine, más que parodia, funciona hoy como un retrato clínico de nuestra sociedad.
