Nuevo paso hacia el proyecto de presupuestos del Estado que el Gobierno ha asegurado que va a presentar por primera vez desde 2022. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el acuerdo por el que se fijan los objetivos de déficit y deuda pública para los distintos niveles de la administración pública (Estado, Seguridad Social, autonomías y corporaciones locales) para el periodo 2026-2028, así como un límite de gasto no financiero (el conocido como ‘techo de gasto’) de 216.167 millones de euros para las cuentas del año que viene. La cantidad supone un nuevo máximo histórico y representa un incremento del 8,5% respecto a los 199.171 millones que se aprobaron para 2025.
La cifra total del techo de gasto incluye las transferencias provenientes de los fondos de recuperación europeos, que tendrán su final el año que viene después de estar en vigor desde 2021 para combatir los efectos económicos del covid. Si se excluyen esas subvenciones comunitarias, el límite de gasto quedará situado en 212.026 millones, un montante que también representa un aumento del 8,5% respecto al año anterior (195.353 millones) y que la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado de «incremento significativo, pero también responsable» y coherente con los objetidos de reducción del déficit y la deuda del sector público.
En cuanto a la senda fiscal, el déficit público deberá bajar del 2,5% del PIB de este año al 2,1% el próximo, el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028, en línea con el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028 que el Gobierno pactó con la Comisión Europea a finales de 2024. El Ejecutivo ha propuesto que las comunidades puedan tener un déficit del 0,1% en cada uno de esos tres años y ha advertido al PP y Junts que, si el Congreso lo tumba, los gobiernos autonómicos tendrán que realizar un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros el año que viene y 5.485 millones entre 2026 y 2028
El Ejecutivo central, por su parte, se ha fijado reducir su déficit del 2,2% de 2025 al 1,8% el año que viene, el 1,5% en 2027 y el 1,4% en 2028. De ello parece desprenderse que a las corporaciones locales se les pide el equilibrio fiscal (déficit cero) y que a la Seguridad Social se le permitirá un déficit del 0,2% los próximos dos años y del 0,1% en 2028.
Procedimiento presupuestario
La aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda y del límite de gasto constituye el trámite previo para poder avanzar en la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026. Los objetivos de estabilidad presupuestaria pasarán ahora al Congreso, donde se tendrán que votar (no así el ‘techo de gasto’). Si son rechazados en una primera ocasión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes. Montero ha previsto que esa segunda votación tendría lugar antes de final de año. En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes, que está claro cuáles son a nivel agregado (2,1% de déficit) pero no tanto su desglose por administraciones.
Desde Junts ya anticiparon su rechazo, independientemente de la propuesta que Hacienda llevase al Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes. Otros socios tienen prevista para esta misma semana una reunión con Hacienda, a partir de la cual fijarán posición. Sin embargo, en el Gobierno ya contemplan el escenario de que decaerá esta primera propuesta por el voto en contra de los posconvergentes. En Hacienda no garantizan que vayan a presentar los Presupuestos antes de final de año, el plazo que había marcado el presidente del Gobierno. La intención pasa por ganar tiempo para negociar y mientras tanto lanzar guiños a Junts, avanzando en los acuerdos pendientes del pacto de investidura.
El Gobierno no ha logrado aún aprobar ninguna nueva ley de presupuestos del Estado en la actual legislatura. Los últimos aprobados fueron los del ejercicio 2023 y son los que se han prorrogado ya dos veces, para 2024 y 2025. El reparto de los objetivos de déficit y deuda y la aprobación de la regla de gasto para el año próximo debían haber sido aprobados antes del 30 de junio (según el plazo establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera). Estos pasos previos son imprescindibles para poder cumplir otro plazo legal: el que obliga a Estado, autonomías y corporaciones locales a aprobar su correspondiente techo de gasto presupuestario para el año siguiente antes del 1 de agosto. El Gobierno, además, debería haber remitido a las Cortes el proyecto de cuentas, según fija la ley general presupuestaria, antes del 30 de septiembre.
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