La ramificación canaria del ‘caso Koldo’ no ha concluido. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 30 de octubre, en el que se escrutan las actividades que llevó a cabo en las Islas la trama delictiva encabezada por Koldo García, que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento, y el empresario y también conseguidor Víctor de Aldama, no fue un punto final, sino un punto y seguido. García, De Aldama, Ignacio Díaz y demás gerifaltes de la red lograron someter a sus intereses y caprichos a un Gobierno de Canarias que, en lo peor de la pandemia de la covid, presidía el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La trama se hizo en las Islas con contratos millonarios a través de empresas como Soluciones de Gestión o Megalab, adjudicaciones que antes, durante y después de su firma estuvieron envueltos en un serial de irregularidades y de connivencias entre la trama y el Ejecutivo. Es ahora la Fiscalía Anticorrupción, a tenor de la investigación de los agentes de la UCO, la que observa indicios de un posible delito de tráfico de influencias tras las actividades de la red en el Archipiélago, lo que en la práctica significa que el caso sigue vivo –muy vivo– y que el papel de los entonces dirigentes del Servicio Canario de Salud (SCS) y de cargos del mismo Gobierno regional se mantiene bajo el escrutinio público y de la Justicia.
De momento, ya el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a petición de Anticorrupción, ha citado a declarar, en calidad de investigados, a los dos grandes jefes de la red delictiva: Koldo García y Víctor de Aldama. Tendrán que comparecer los próximos 27 y 28 de noviembre para declarar exclusivamente por lo relacionado con la rama canaria del caso. En concreto por los contratos millonarios que el SCS suscribió con Soluciones de Gestión para que esta empresa le suministrase mascarillas que redujesen los contagios por covid.
El papel del SCS y del propio Ejecutivo regional se mantiene así bajo el escrutinio público y judicial
En una providencia dictada ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 acuerda esta diligencia -a petición de la Fiscalía, cabe subrayar- tras haber recibido el informe de la UCO de la Guardia Civil en relación con los contratos suscritos en el Archipiélago.
Según recoge el escrito de la Fiscalía, informa Europa Press, el fiscal Luis Pastor pidió ambas citaciones al considerar que es lo pertinente después de que la UCO apuntara que los contratos de mascarillas adjudicados en Canarias «constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que De Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores». El representante del Ministerio Público entiende que dicho pago «recurrente» permitía al empresario «tener acceso al propio ministro». Al hilo, recuerda que De Aldama «reconoció» en su primera declaración -la del 21 de noviembre de 2024– que «en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio José Luis Ábalos», entonces titular de Transportes. El fiscal de Anticorrupción incide en que esta «relación económica» de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022. Y recalca que para esa fecha tanto Ábalos como Koldo «llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica del Ministerio**, tras ser acordado el cese de ambos en el mes de julio de 2021.
La Audiencia Nacional llama a declarar a Koldo y De Aldama
En este sentido, Pastor considera que dicho «patrón» supondría que los pagos realizados por De Aldama «no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal». Y destaca que «las actuaciones concretas solicitadas a Koldo por De Aldama -o parte de su entorno- se ceñirían a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la Administración canaria, certificación del propio material, o cobro por parte de Soluciones de Gestión, empresa vinculada al empresario investigado».
Para el fiscal, toda esta «operativa» podría encajar en el delito de tráfico de influencias, del que serían «partícipes», en principio, Koldo y De Aldama.
Los agentes de la UCO también apuntaron en su informe que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y unos meses director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera, garantizó la adquisición de mascarillas mientras que entre los responsables de la tramitación de la compra en la Administración canaria «aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación», expresando «dudas» por el precio y la calidad. En concreto, los responsables de dicha contratación manifestaron «dudas» sobre la «conveniencia» de este contrato, por un precio que estaría «fuera de mercado» y que «habría reserva suficiente» para unos meses «con las compras efectuadas hasta el momento».
El empresario y el exasesor de Ábalos deben comparecer como investigados los próximos días 27 y 28
Del material analizado, los investigadores sitúan en el 20 de abril de 2020 la primera conexión de Soluciones de Gestión con la venta de mascarillas a Canarias, en concreto una conversación del director comercial de Iberia y CEO de Vueling, Marco Sansavini, con Koldo García e Íñigo Rotaeche, «comunicando la cancelación de varios vuelos». Fue un día después cuando De Aldama envió a Íñigo Rotaeche, titular de Soluciones de Gestión, el contacto de Olivera que «previamente le había dado Koldo»: «Te cuento, es el vicepresidente de Canarias», a la vez que invitaba a llamarle.
La UCO subraya que el exviceconsejero canario contactó con Koldo para informar que había hablado con Rotaeche «y que solo quedaba cerrar la cantidad del envío». «Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo. ¿Te parece bien?», preguntó. Así las cosas, la Guardia Civil concluye que Soluciones de Gestión «ya estaría suministrando mascarillas» a la Administración canaria «incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato» y llama la atención sobre «el control» que Koldo tenía en estas operaciones, llegando a preguntar al viceconsejero «la cantidad de material que se pueden quedar».
Koldo comparecerá ante el magistrado el día 27, uno antes de que lo haga De Aldama. Ambos están citados a las 10.00 horas.
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