Moncloa intenta apaciguar la crisis abierta en el seno de la coalición y abre una vía de negociación con Sumar para alcanzar un acuerdo en materia de vivienda. La mano tendida llegó después de que la coalición de Yolanda Díaz pidiera la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en un importante choque que Sumar trató después de rebajar.
Las diferencias entre PSOE y Sumar escalaron el martes, cuando la portavoz parlamentaria del socio minoritario, Verónica Martínez Barbero, criticó la falta de propuestas de la ministra socialista y reclamó «medidas valientes» y advirtió que, si no era capaz, «debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo». La dirigente recordó además el real decreto anunciado por el ministro Pablo Bustinduy, advirtiendo que «si no tienen propuestas, aquí tienen las nuestras».
De fondo, existía en Sumar un fuerte malestar por la falta de contestación del PSOE al órdago que le habían lanzado una semana antes. Yolanda Díaz revistió de institucionalidad el anuncio y convocó una minicumbre de ministros para presentar en la sede del Ministerio de Derechos Sociales un paquete de medidas en forma de decreto que llamaban a negociar a los socialistas.
Pero el ala socialista del Gobierno hizo oídos sordos a esta propuesta. Al menos hasta la fuerte reprimenda del socio minoritario. En Sumar, distintas voces admiten que la sugerencia de dimisión de Rodríguez no estaba planeada, sino que fue una iniciativa «personal» o «autónoma» de Martínez Barbero.
Pero lo cierto es que la salida de su portavoz parlamentaria ha tenido buena acogida. Consideran que la consecuencia directa de este choque fue la reacción del PSOE, que por primera vez contactó con los de Yolanda Díaz para negociar la propuesta que llevaba más de una semana sobre su mesa.
Distintas fuentes de Sumar, tanto en el Gobierno como en el grupo parlamentario, admiten que sólo les contactaron desde Moncloa «después del martes», cuando se produjo esa dura intervención. En esas conversaciones, el ala socialista emplazaba a negociar propuestas sobre vivienda al Ministerio de Derechos Sociales, que hasta ahora ha liderado la batalla contra las irregularidades en las plataformas de alquiler turístico. Un asunto, el alquiler de temporada, donde ven margen para avanzar.
Resulta llamativa que la apertura de negociaciones sobre vivienda no llegara por parte del ministerio del ramo, de Isabel Rodríguez, sino que fue Moncloa quien tomó las riendas de una crisis incipiente que quedó así desactivada. Las conversaciones entre PSOE y Sumar son todavía incipientes, pero la voluntad es trabajar por un acuerdo que permita presentar y aprobar una propuesta conjunta por parte del Gobierno, cerrando así la crisis abierta en el seno de la coalición.
Dudas jurídicas en el PSOE
En Moncloa confirman que desde el pasado martes se han abierto negociaciones con el socio minoritario de la coalición sobre sus propuestas en materia de vivienda. Unas conversaciones que, más allá del Ministerio de Vivienda, incluyen también al de Presidencia y Justicia que dirige Félix Bolaños. De hecho, fuentes de este último departamento llaman la atención sobre la falta de seguridad jurídica en el desarrollo de la propuesta tras analizar los documentos intercambiados. Incluso apuntan que su articulado sería inconstitucional.
Otras fuentes del ala socialista del Ejecutivo justifican la presión de sus socios en un intento de “sacar la cabeza” en un asunto que reconocen como “un problema transversal”. Su intención, dicen, es seguir avanzando en el despliegue de medidas, pero advierten sobre la necesidad de contar con un armazón jurídico robusto.
Precisamente, Pedro Sánchez reclamó en la reunión del Consejo Europeo celebrado el pasado jueves en Bruselas modificaciones legales que doten a España de un paraguas jurídico que permita intervenir el mercado. Esto es, medidas legales “para poner freno a la especulación en la compra de vivienda para uso no residencial».
Otra de las demandas a nivel europeo se dirigen a poder actuar sobre las zonas tensionadas en las grandes ciudades en las que está creciendo el precio de la vivienda “exponencialmente como consecuencia de la presión del turismo”. La declaración de zonas tensionadas está recogida en la ley de vivienda, pero es competencia de las comunidades autónomas permitirla para congelar los precios de los alquileres.
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