El partido de las togas amenaza a la democracia

Sumar ha celebrado este viernes una jornada sobre el lawfare en el Congreso de los Diputados, en la que los representantes de IU, Podemos, Bildu y BNG han acusado a los jueces de practicar la «guerra sucia» contra la democracia.

El diputado de Sumar y secretario general del PCE Enrique Santiago ha cargado contra los magistrados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el TSJC que han planteado cuestiones prejudiciales sobre la ley de amnistía ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

«Hacen política los jueces que se niegan a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Congreso y utilizan subterfugios para cumplir su objetivo», ha dicho Enrique Santiago, durante el acto celebrado en la Sala Constitucional del Congreso, «en un país democrático no es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a aplicar la ley«.

Y también ha arremetido contra los miles de jueces y magistrados que salieron a la calle en toda España, convocados por las asociaciones mayoritarias, para protestar contra las reformas que impulsa el ministro Félix Bolaños.

«Hemos llegado al extremo de sufrir paros y manifestaciones de jueces togados contra una ley, y no contra una ley aprobada», ha apostillado, «sino contra una ley que no existe, que está en tramitación, permitiéndose el lujo de decirle al legislativo cómo tiene que hacer las leyes«.

Enrique Santiago ha criticado al juez del Supremo Manuel Marchena, a los magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia que ordenaron reabrir la causa contra Mónica Oltra y a la juez que ha admitido a trámite una querella contra la directora de la Aemet «para desviar la atención de la responsabilidad de Mazón en las 229 muertes por la dana«, según ha dicho.

«En España padecemos el lawfare desde que, hace seis años, comenzó a existir la posibilidad de que gobernaran alianzas de fuerzas progresistas», ha asegurado, «lo que está amenazado por estas políticas de lawfare, de guerra judicial, son las reglas básicas de cualquier democracia liberal».

A su juicio, la derecha «no soporta que se pudiera conformar un Gobierno de coalición de izquierdas y su única actividad es el acoso sistemático al Gobierno, utilizando el partido de las togas«.

Por su parte, la exministra de Igualdad Irene Montero se ha declarado víctima de la «guerra sucia judicial», debido a que los tribunales de toda España rebajaron las condenas a cientos de violadores y agresores sexuales, en aplicación de la Ley del sólo sí es sí que ella misma había impulsado.

También ha señalado que el juez del Supremo Manuel Marchena «siempre aparece en muchos de los procedimientos de guerra sucia«.

«Fue el juez que firmaba las exigencias de retirar un escaño a Podemos, que finalmente nos retiraron con una presidenta socialista del Congreso», ha dicho sobre Francina Armengol, después de que el exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez fuera inhabilitado por agredir a varios policías en una manifestación.

Del mismo modo, Irene Montero ha asegurado que la exportavoz de Podemos Isa Serra sufrió «un proceso judicial completamente injusto por ir a parar un desahucio» (en realidad, fue condenada por atentado a la autoridad y lesiones leves).

Sumar había convocado esta jornada sobre el lawfare como un acto de desagravio a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que fue condenada a seis años de cárcel (que cumple en su casa) e inhabilitación perpetua, por participar en un caso de corrupción multimillonario.

Y los ponentes de Sumar, Podemos, Bildu y BNG han asumido la práctica de la izquierda latinoamericana de atribuir de forma sistemática al lawfare todas las condenas que han sufrido miembros de estos partidos, por corrupción o por el uso de la violencia.

El senador de Bildu Mario Zubiaga ha asegurado que «en Euskal Herria hemos conocido hace muchas décadas» el lawfare.

Y como ejemplo de ello ha puesto el sumario 18/1998 que el juez Baltasar Garzón instruyó en la Audiencia Nacional contra miembros de colectivos como la coordinadora KAS, Ekin y el diario Egin por pertenencia y colaboración con la banda terrorista ETA.

En aquella causa, ha afirmado el senador de Bildu, «fueron perseguidas y encarceladas cientos de personas, se cerraron periódicos», simplemente por defender «los mismos fines que la banda armada ETA, el derecho de autodeterminación».

Y el proceso instruido por el juez Garzón sirvió, a su juicio, para «perfeccionar el algoritmo represivo, con la conjunción de jueces y medios, para aplicarlo luego a otro tipo de disidentes», como los representantes de los «partidos progresistas» y los «separatistas catalanes y gallegos».