Tras conocerse el resultado de la fallida opa del BBVA sobre el Sabadell, el Gobierno ha mantenido la misma actitud que durante todo el proceso. Respeto por la operación y respeto por la decisión “de los accionistas”. Pero en el Ejecutivo respiran con cierto alivio.
De haber salido adelante esta operación, el culebrón continuaría al menos unos cuatro años más obligando al Gobierno, aunque sea de manera indirecta, a estar pendiente de la fusión y la supervisión de que se cumplan las condiciones como la independencia de la gestión de la entidades como marcaba la operación.
Aunque en el Ejecutivo han jugado todos estos meses a no verbalizar públicamente su posición sobre la opa -lo que a la parte socialista se refiere porque Sumar simpre fue contraria-, el Gobierno abogó en junio por endurecer las condiciones para la operación que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Incluso se reservó la posibilidad de ampliar a cinco años el veto a la integración.
Minutos después de que EL PERIÓDICO publicase en primicia que se frustraba la operación, desde La Moncloa trasladaban a esta cabecera que “total respeto a la decisión de los accionistas del Banco Sabadell” porque “es a quienes les correspondía valorar la operación”. Al tiempo que destacaban la “impecable actuación de todos los supervisores y autoridades involucradas en el proceso: Banco de España, CNMC y CNMV”.
Y de ese argumentario no se han salido los distintos miembros del Gobierno que se han expresado públicamente este viernes sobre la resolución de este proceso, haciendo hincapié en el “respeto” y en que los que han hablado son los accionistas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que el Gobierno ha procurado en este proceso “defender el interés general”. “Que la arquitectura del sistema no haga más difícil que pymes, pequeños ahorradores o autónomos vayan a obtener acceso a crédito”, explicó en declaraciones a los medios este viernes desde Córdoba, para concluir que “la capilaridad del sistema financiero debe estar presente en todo el territorio”.
Y siguiendo con la idea fijada calificó de “inmaculado” el proceso de supervisión de los organismos competentes. Tras lo que remarcó la solvencia de ambas entidades y avanzado que después del fracaso de la opa “seguirán trabajando en su ámbito de competencia y seguirán teniendo la confianza de los inversores como hasta ahora”.
Una solvencia que también destacó el ministro de Presidencia, Justicia, y Relaciones con las Cortes cuando subrayó que «España es un país muy atractivo para inversiones y también para operaciones mercantiles», poniendo énfasis en que «tanto el BBVA como el Banco Sabadell son dos entidades financieras solventes, sólidas, bien gestionadas, con proyectos de futuro y que son representantes de un sistema financiero español que es modélico en Europa, que es solvente, que funciona y que es ejemplar».
Por ello, Félix Bolaños animó a ambas entidades a «trabajar con proyectos empresariales por separado para seguir reforzando ese nombre y esa reputación que tiene el sistema financiero español fuera de nuestras fronteras».
Pero el ministro que ha llevado este asunto en el Gobierno, Carlos Cuerpo, defendió desde Estados Unidos que la normativa española «no ha supuesto ningún obstáculo al desarrollo de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell», pese a las críticas que apuntaban a una posible interferencia del Gobierno de España en la operación. «La decisión final correspondía a los accionistas, y así ha sido», remarcó para dejar clara la actuación del Ejecutivo.
Es más, el titular de Economía y Comercio defendió su actuación en la ya fracasada opa de BBVA sobre Sabadell, tras conocerse que la Unión Europea va a seguir adelante con el expediente sancionador abierto contra España en el marco de esta operación.
Por su parte, desde el socio minoritario de la coalición de Gobierno, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo no ocultó su alegría por el resultado de la opa. “Que no siga adelante es una buena noticia para el país”, afirmó Yolanda Díaz, en una reflexión sobre el triunfo, a su juicio, del sentido común.
La operación suponía, para la vicepresidenta, un riesgo «mayúsculo» por del grado de concentración bancaria, de encarecimiento del crédito y de despidos, entre 5.000 y 7.000, que hubiera supuesto la opa en caso de salir adelante, y de ahí su satisfacción por que no haya prosperado.
La opa del BBVA sobre el Sabadell no solo tenía su deriva económica sino también la política – no hay que olvidar que se conoció en plena campaña electoral de las últimas autonómicas en Cataluña-y de ahí que haya algunas voces pendientes del PNV y de si ha realizado suficiente presión al Gobierno, o al menos tanta como la que se atribuye que ha llevado a cabo la política catalana con la Generalitat que preside Salvador Illa en primer término. No hay que olvidar el revuelo que en su día las palabras del líder del PNV, Aitor Esteban, cuando sostuvo que de vasco el BBVA tiene la sede (en Bilbao) y “poco más”.
Así las cosas, de las pocas reacciones a esta operación que han llegado desde el País Vasco, está la del Gobierno que preside Imanol Pradales en la que se subraya que el “BBVA es un banco vasco, con raíces profundas en Bilbao y una larga trayectoria de compromiso con Euskadi”. Y que la entidad que lidera Carlos Torres, “en los últimos tiempos ha dado pasos importantes para reforzar su presencia, su contribución y su impacto económico y financiero” en el País Vasco. Fuentes de la Lehendakaritza se limitaron a enmarcar esta operación en un asunto “entre dos empresas privadas” en la que “los y las accionistas quienes debían decidir. Y han decidido”.
Es más, apuntan desde el Ejecutivo vasco que “se abre un nuevo tiempo para BBVA. Y también una nueva etapa para afianzar y reforzar la relación de Euskadi con una de sus principales entidades financieras” por lo que “hay que seguir profundizando en esa dirección, consolidando la relación y generando un mayor retorno compartido, tanto para Euskadi como para el propio banco”, porque, subrayan, “tener un sector financiero fuerte, competitivo y con arraigo es bueno y necesario. Para la economía vasca y para la catalana”.
Por su parte, el PP se abonó al silencio salvo el respeto a que el mercado tiene sus reglas y, sobre todo, los accionistas “tienen la última palabra” como “la clave de lo que hay que ver en esta operación”, expresado por Cuca Gamarra.
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