Estados Unidos cumple este martes los 14 días con el Gobierno parcialmente cerrado y no se avista ni de lejos una solución para este impasse en el presupuesto operativo de la Administración de serias consecuencias. De hecho, ante la falta de diálogo entre Donald Trump y su partido y los demócratas, gana enteros la idea de que este cierre puede acabar convertido en uno de los más largos de la historia en EEUU.
Más de 1,5 millones de empleados federales están trabajando durante el cierre, en la mayoría de los casos sin cobrar su sueldo, según datos publicados por Government Executive. No cobrarán hasta que el Gobierno reabra, y eso si Trump no cumple la amenaza de saltarse una ley de 2019 y no pagar en diferido algunos de esos salarios.
Se calcula que hay además otros 750.000 trabajadores públicos que están de baja. Y a la crisis se sumó el viernes el anuncio de despido que recibieron más de 4.000 trabajadores públicos, un inédito y polémico paso, posiblemente ilegal, que ha adoptado para Trump Russell Vought, el arquitecto del Proyecto 2025 al que el republicano tiene instalado como director de la Oficina de Gestión del Presupuesto y que también ha aprovechado el cierre para castigar a ciudades gobernadas por demócratas con recortes a programas de infraestructuras.
La diana partidista es clara y respecto a los despidos, Trump dijo el viernes que afectan a programas “que se inclinan por los demócratas” o “personas que los demócratas querían”. Eso incluye, por ejemplo, la mitad de los trabajadores de un programa dedicado a la educación especial en el Departamento de Educación.
En los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, donde el viernes se enviaron unas 1.300 notificaciones de despido, el golpe al funcionamiento de esa agencia fundamental para la sanidad fue tan grave que, según han publicado varios medios, el Gobierno de Trump el sábado tuvo que dar marcha atrás y anuló la mitad de esos despidos.
Los soldados cobrarán
La falta de un acuerdo para financiar el presupuesto operativo del Gobierno ha amenazado también a los militares. De hecho, aunque estos han estado cobrando hasta ahora, la próxima nómina, que debía llegarles este miércoles, no estaba garantizada. Y a diferencia de los empleados civiles, los militares no tienen garantizado el pago del salario que no reciban durante un cierre.
El sábado Trump anunció con un mensaje en Truth que el Departamento de Defensa ha encontrado fondos para pagarles (supuestamente, 8.000 millones de dólares apropiados para investigación que no habían sido gastados aún).
Son parches que ya se habían hecho también con recursos de emergencia para programas como uno que ayuda a dar asistencia para alimentos a mujeres y niños de bajos ingresos o a mantener rutas aéreas a zonas rurales que no son rentables. Pero esos alivios son, a la vez, parte de las señales que apuntan a que el cierre se alargará: sin la presión que representaría tener a los soldados sin cobrar, o a mujeres y niños pobres sin ayuda para comer, o a zonas rurales con muchos votantes republicanos especialmente castigadas, el incentivo de Trump y los republicanos para negociar con los demócratas es aún menor.
Los problemas crecen en sectores clave
La falta de diálogo, y de negociaciones, se prolonga pese a otros problemas que se intensifican en sectores clave. Los tribunales federales, por ejemplo, se van a empezar a ver forzados a reducir operaciones. La preocupación crece entre contratistas que hacen trabajo para el gobierno y, a diferencia de los empleados públicos directos, no tienen garantizados pagos en diferido. Y los retrasos en la publicación de datos económicos del gobierno o en trámites como préstamos o seguros vinculados al gobierno tienen una cascada de impactos.
También en un sector tan importante como el del transporte aéreo la crisis se agudiza. Más controladores aéreos y personal de la Administración de Seguridad en el Transporte, que se encarga de los controles de seguridad, están llamando enfermos y faltando a sus puestos de trabajo. Y solo este domingo hubo 8.000 vuelos retrasados desde, hacia o dentro de EEUU y cerca de 300 cancelados.
Politización hasta en los aeropuertos
Los aeropuertos se han vuelto también escenario de la politización partidista de esta crisis. En muchos de ellos han empezado a proyectarse vídeos de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, donde acusa a los demócratas de cualquier problema o retraso que los pasajeros tengan. Al menos siete aeropuertos (Los Ángeles, Portland, Seattle, Phoenix, Cleveland, Charlotte y Buffalo) se han negado a proyectar los vídeos, recordando que la ley prohibe el uso fondos públicos para actividad política.
La acusación de Noem es la que hacen Trump y todos los republicanos, que denuncian que los demócratas “tienen secuestrado con demandas partidistas al pueblo estadounidense”. Esa es la frase que usaba este lunes Mike Johnson, presidente de los republicanos en la Cámara de Representantes, usando la misma expresión que blandió en 2016 Barack Obama para criticar a los republicanos, cuando cerraron en 2013 su Gobierno para intentar dejar sin financiación la reforma sanitaria del demócrata.
La sanidad, en el centro
Aquel Obamacare sigue estando en el núcleo de este cierre. Durante el gobierno de Joe Biden se aprobó la expansión de las ayudas fiscales a las que podían acceder muchos estadounidenses para hacerse con seguros de salud en los mercados de pólizas que estableció aquella reforma. Esas ayudas expiran a finales de este año y los demócratas se niegan a aprobar el presupuesto operativo del Gobierno hasta que Trump y los republicanos se comprometan a extender los subsidios. No hacerlo disparará el precio de las pólizas para millones de personas.
Los demócratas han encontrado tras ocho meses de Trump en el Despacho Oval su primera gran línea de resistencia firme al republicano en esas y otras reclamaciones sobre sanidad, como evitar otros recortes aprobados por el mandatario que, entre otras cosas, reducirán la expansión de Medicaid, la sanidad pública para los más pobres.
Hasta han conseguido que el debate exponga brechas en filas republicanas, como la de la congresista ultra Marjorie Taylor-Greene, que ha roto con los líderes de su partido y ha demandado acciones para asegurar la extensión de las ayudas para seguros. “Ni un republicano en el liderazgo nos habló de esto o nos ha dado un plan para ayudar a los estadounidenses a lidiar con pólizas que van a costar el doble si expiran las ayudas fiscales”.
Los demócratas por ahora no aceptan ninguna promesa de los republicanos de que negociarán la sanidad en el futuro con ellos si acceden ahora a aprobar el presupuesto operativo. Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado, que en marzo sí dio luz verde a un presupuesto operativo temporal para el Gobierno, esta vez y al menos de momento no cede. Y no hay ninguna esperanza de que los republicanos vayan a lograr los votos demócratas que necesitan para alcanzar los 60 votos requeridos. Este martes habrá una nueva votación, la octava, pero en las siete anteriores los 53 republicanos solo han sumado tres votos de la otra bancada.
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