Cumbre energética en la sede madrileña de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El organismo regulador se ha reunido este martes con los primeros espadas de las grandes empresas del sector eléctrico español para «valorar la situación» del sistema tras las variaciones bruscas de tensión comunicadas por Red Eléctrica en las últimas semanas.
Juntos, pero no revueltos. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, el vicepresidente, Ángel García Castillejo, y la directora de Energía, Rocio Prieto, han recibido, por un lado, a los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola España, José Bogas y Mario Ruiz-Tagle, y al presidente de Naturgy, Francisco Reynés. Y, por otro, al consejero delegado de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Roberto García Merino, así como a su presidenta, Beatriz Corredor.
Los representantes de la CNMC también se han visto en otras dos reuniones más con la presidenta del operador del mercado (OMIE), Carmen Becerril, y con directivos de las patronales renovables, APPA (Asociación de Empresas de Energías Renovables) y UNEF (Unión Española Fotovoltaica).
«Los encuentros han permitido escuchar de primera mano las observaciones y propuestas del sector sobre la situación relativa a la seguridad del suministro y a la estabilidad del sistema ante las recientes variaciones de tensión que Red Eléctrica comunicó la semana pasada a la CNMC», afirma el ‘superregulador’ en un comunicado en el que se incluyen fotografías de cada uno de los encuentros, algo poco habitual en las comunicaciones del organismo.
Este miércoles termina el plazo de urgencia para remitir las alegaciones para las nuevas medidas ‘antiapagones’, anunciadas el miércoles pasado por el organismo regulador. Y una vez finalizado el trámite de audiencia, la CNMC valorará las observaciones recibidas y aprobará la modificación, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, según ha indicado en el comunicado.
El organismo que dirige Cani Fernández prevé que las nuevas medidas se adopten de forma «excepcional y temporal» por un plazo de 30 días prorrogables a otros 15. Entre ellas, se plantea un mayor control sobre las centrales de generación, que implica mayor vigilancia sobre las empresas que controlan la tensión y la obligación a todas las instalaciones a participar en lo que se conoce como regulación secundaria (que corrige automáticamente las desviaciones de frecuencia y potencia), aunque no presenten ofertas de energía.
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