Baleares se ha convertido en una rara excepción dentro del mapa español de la Seguridad Social. Mientras la mayoría de comunidades autónomas cierran sus cuentas con importantes déficits, el archipiélago registró en 2023 un superávit cercano a los 884 millones de euros. Solo Madrid, con más de 1.350 millones, presenta un balance más favorable. Ceuta y Melilla completan la lista de los pocos territorios que aportan más de lo que reciben.
Este dato no es menor. En un sistema marcado por un déficit estructural —las cotizaciones solo cubren tres de cada cuatro euros destinados a pagar pensiones contributivas— la aportación positiva de Baleares actúa como un salvavidas parcial en la ‘caja única’ que garantiza la solidaridad interterritorial. Sin embargo, los expertos advierten de que la salud financiera del archipiélago no basta para compensar la fragilidad de un modelo que, a nivel nacional, arrastra un agujero de más de 66.000 millones de euros.
La explicación de este resultado se encuentra en factores demográficos y laborales, tal y como explica el nuevo informe La (in)sostenibilidad de la Seguridad Social, elaborado por los economistas Santiago Calvo y Daniel Fernández con datos de la Seguridad Social. Baleares cuenta con una población relativamente joven en comparación con la media española, lo que reduce la presión inmediata del gasto en pensiones. A ello se suma un mercado laboral caracterizado por altas tasas de ocupación durante gran parte del año y por salarios que, aunque condicionados por la estacionalidad turística, generan una base significativa de cotizaciones sociales.
Dinamismo económico
Este dinamismo económico se traduce en que la Comunidad recauda más de lo que necesita para abonar las pensiones de sus jubilados. Es un fenómeno que contrasta con territorios como Andalucía, donde el déficit supera los 5.480 millones, o Galicia y País Vasco, que rondan los 4.400 millones en números rojos. La fotografía que dibuja este mapa es clara: mientras Baleares y Madrid sostienen con superávits el sistema común, gran parte del país depende de esas transferencias para pagar a sus pensionistas.
En este contexto, el superávit de Baleares aparece como un dato positivo pero insuficiente. La caja común funciona gracias al principio de solidaridad: lo que sobra en las islas o en Madrid compensa lo que falta en regiones más envejecidas. Pero el desequilibrio global es tan grande que ninguna comunidad, por próspera que sea, puede sostener por sí sola el peso del sistema.
El debate sobre la sostenibilidad de las pensiones suele centrarse en la demografía: menos nacimientos, mayor esperanza de vida y jubilaciones masivas de la generación del ‘baby boom’. Pero los analistas subrayan que el problema no es solo de población, sino también de diseño institucional. El sistema se financia principalmente con cotizaciones laborales, en un mercado donde la temporalidad y la estacionalidad —muy marcadas en Baleares— pueden jugar en contra en el futuro.
El superávit actual no garantiza que las islas estén a salvo de los problemas estructurales del sistema. Si la tendencia de gasto continúa, incluso las comunidades hoy excedentarias podrían verse arrastradas al déficit en el futuro. La fortaleza de las islas depende de un mercado laboral dinámico y de una base poblacional activa, dos factores sensibles a crisis económicas, cambios en el turismo o transformaciones demográficas.
El archipiélago demuestra que es posible cuadrar las cuentas de la Seguridad Social, pero también que ningún territorio, por próspero que sea, puede sostener en solitario un modelo con un déficit tan estructural. El dato positivo, en definitiva, debe leerse como una advertencia doble: por un lado, demuestra que es posible generar superávit en el sistema; por otro, pone de relieve la necesidad de reformas profundas que aseguren que el conjunto del país pueda sostener sus pensiones a largo plazo. Para Baleares, el reto no es menor: mantener su dinamismo económico sin perder de vista que la sostenibilidad de las pensiones no se juega solo en las islas, sino en el equilibrio general de todo el Estado.
Menos financiación
Las pensiones no son el único ámbito en que Baleares sale perdiendo. Las islas sufrieron en 2023 un retroceso en su financiación efectiva por habitante ajustado en el marco del sistema de financiación de las comunidades de régimen común. Según el último informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza en profundidad los datos de la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente al ejercicio 2023, a pesar de que las islas mantienen una de las capacidades tributarias más elevadas de España, la financiación que finalmente recibe la comunidad por parte del Estado no se corresponde con ese potencial fiscal. En concreto, Baleares es una de las regiones que aporta más recursos al sistema de nivelación interterritorial y, sin embargo, pierde posiciones en términos relativos.
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