La Audiencia de Alicante ha impuesto penas de hasta dos años de prisión para la trama urbanística que construyó más de 300 chalés ilegales entre 1999 y 2003 en el municipio de Llíber. El fallo condena a dos años de cárcel por estafa a los principales promotores de la trama; así como a otros seis meses por prevaricación al que era alcalde durante esa etapa José Mas, así como al técnico que realizó los informes favorables. Sin embargo, no considera probada la existencia de dádivas a los responsables municipales. La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia, absuelve también a tres ediles de la corporación por no quedar probada su participación en los hechos, entre ellos el actual alcalde de la población José Juan Reus. Las penas han quedado muy atenuadas al haberse aplicado una atenuante de dilaciones indebidas, valorando que han pasado más de veinte años desde que ocurrieron los hechos.
La sentencia considera probado que los cerebros de la trama orquestaron la construcción y venta de viviendas en suelo rústico no urbanizable, ocultando a los compradores extranjeros que las licencias eran contrarias a la normativa vigente y que las casas carecerían de servicios básicos y de habitabilidad legal. Los trabajos se realizaron con una licencia bajo la fórmula de restauración de almacenes con parte habitable. El técnico municipal Amador Signes elaboraba para los promotores las memorias de los proyectos y posteriormente desde el Ayuntamiento les daba informe favorable. Una mecánica con la que se consiguió el permiso para la construcción de cerca de 300 chalés. Tanto el exalcalde José Más, como el técnico municipal estaban acusados de cohecho por recibir estas dádivas, pero la Audiencia no ha considerado probados estos extremos.
El principal cerebro de la trama el promotor Miguel Muntaner, quien en el juicio sostuvo que él solo se limitaba a vender las parcelas y era un mero intermediario. Afirmaciones que ha descartado la sentencia. «Muntaner no solo vendía las parcelas, sino que vendía parcelas para edificar viviendas y en algunos casos las construía ilegalmente, conociendo como profesional del sector que no podría obtener legalmente las licencias», señala el fallo.
Durante la declaración prestada en su día ante la Guardia Civil, Muntaner, admitió algunas de las dádivas a las autoridades municipales como pago por los servicios prestados. Según este testimonio, entre estos regalos se encontraba la compra en Alemania de un vehículo Mercedes por el que se pagaron 8.000 marcos, obras en casa de un familiar del alcalde, así como el pago de 3.000 euros por cada licencia concedida. Sin embargo, el día del juicio se desdijo de estas declaraciones. Una retractación tras la que los jueces sostienen que aunque existen indicios de los supuestos sobornos, no se puede concluir que estos se hubieran efectuado. «No hay una declaración ante el juez en la que admita haber cometido el hecho necesitado de prueba, sino solo una declaración policial», dice la sentencia para explicar por qué no puede valorar esa autoinculpación inicial. «Las declaraciones ante los funcionarios policiales no tienen valor probatorio. No pueden operar como corroboración de los medios de prueba», recuerdan.
Inspecciones del Seprona
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron la existencia de las irregularidades tras la denuncia de un afectado. Los agentes han señalado en el juicio que detectaron la existencia de 292 chalés ilegales construidos entre los años 1999 y 2003. La cifra se obtuvo de la documentación entregada por el propio Ayuntamiento, aunque solo se pudieron inspeccionar in situ por los agentes una veintena de ellos. Todas estas casas ilegales tenían en común que se solicitaban en parcelas de suelo rústico no urbanizable y con la solicitud de reforma de almacén agrícola con parte habitable.
La sentencia considera acreditado que los acusados «llevaron a cabo una conducta engañosa al manifestar a los posibles compradores que las parcelas que les ofrecían eran aptas para la edificación de viviendas, sabiendo que por su extensión, por la clasificación del suelo, y por no tener las autorizaciones preceptivas, no lo eran». Por ello, «decidieron evitar algunos requisitos como la petición de autorización a la Consellería de Vivienda, de manera que nunca se completarían las condiciones de edificabilidad. Además, les dijeron que no habría problema para la obtención de licencias de obra y otras autorizaciones administrativas para construir viviendas y habitarlas con normalidad». Para subrayar la existencia del delito, subraya que se concertaron con el arquitecto técnico municipal para que este informara favorablemente las solicitudes de licencia de obra, a fin de dar la apariencia de legalidad a los proyectos, a las autorizaciones y a las obras, e incluso comunicara a eventuales compradores que todo era legal, si llegaba el caso de que le consultaran.
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