La Fiscalía niega que exista indicio alguno de malversación en los 121 correos electrónicos intercambiados entre Cristina Álvarez, asistente en Moncloa de Begoña Gómez, y Juan Carlos Doadrio, uno de los vicerrectores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya analiza estos e-mails. Así se lo ordenó el juez Juan Carlos Peinado.
Este magistrado investiga tanto a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, como a su asistente personal en la Moncloa, Cristina Álvarez.
El juez escudriña si se cometió el delito de malversación con la contratación de esta última, ya que también realizó gestiones en favor de los negocios privados de Gómez.
Y, precisamente, gran parte de estos «favores» —con este término los admitió Begoña en el Juzgado— tuvieron que ver con la gestión de la cátedra que la esposa de Pedro Sánchez co-dirigió hasta 2024 en la UCM.
Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL cifran en 121 los e-mails que aluden a «cuestiones relacionadas con la cátedra». Pero, insisten: «La Fiscalía Provincial de Madrid considera que en ningún caso encajan en el tipo de malversación». Ni uno solo de ellos.
Además, para descartar que la actuación de Gómez y de Álvarez corresponda a este delito, el Ministerio Público insiste en que «ninguna de las dos investigadas es funcionaria».
Begoña Gómez y Cristina Álvarez, en el Congreso.
No obstante, existen más correos electrónicos que atestiguan las gestiones de Álvarez en favor de la cátedra de Begoña Gómez.
Por ejemplo, la asesora envió un correo electrónico a la empresa Reale Seguros para instarle a seguir financiando este proyecto académico. EL ESPAÑOL publicó dicho e-mail, en el que Álvarez admite hablar en nombre de la mujer de Sánchez.
«Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», le expresó la asesora a una alto cargo de Reale.
Tribunal del jurado
Por otro lado, este sábado, el abogado de Begoña Gómez también defendió ante el juez la ausencia de cualquier indicio de malversación.
Así se pronunció el letrado Antonio Camacho, defensor de la esposa de Sánchez. Pese a no ser un día laborable, acudió al Juzgado del que es titular Peinado, quien le había citado en esta fecha para completar un trámite procesal reglado por la ley: comunicar que esta pieza separada de la causa, de llegar a juicio, será enjuiciada por un jurado popular.
Es decir, decidirán sobre la culpabilidad o inocencia de Begoña Gómez —tan sólo en lo relativo a la malversación, ya que está investigada por más asuntos— nueve ciudadanos inexpertos en Derecho. Sus nombres, que se mantendrán en secreto, saldrán de esta lista de casi 3.000 madrileños ya preseleccionados.
La ley recoge este modo de enjuiciamiento para procedimientos relativos al delito de malversación, siempre que no se investiguen otros ilícitos distintos que no correspondan a esta modalidad.
Ante el juez, Camacho ha descartado que su clienta cometiese malversación, pese a que ella misma admitió los mencionados «favores» cuando declaró en el Juzgado.
De hecho, el abogado ha comparado los hechos que aquí se investigan con una situación en la que un magistrado le encarga a su agente judicial que le compre un paquete de tabaco, aprovechando que se dirige al estanco.
Según expresó Camacho, así se lo equiparó, con cierta ironía, un juez amigo suyo al comentar esta rama del caso Begoña. «Llevo el ejemplo al absurdo para que seamos todos conscientes de lo que estamos propugnando en este acto», indicó.
«Es imposible, en relación a mi defendida, que pueda ser autora de un delito de malversación», expresó el abogado ante el juez.
«Me parece indiscutible que [Begoña Gómez], como mujer del presidente, no era funcionario público. Y, si no lo era, nunca podría cometer malversación», señaló, en sintonía con la Fiscalía.
«No existen indicios probatorios, más allá de las meras hipótesis», finalizó Camacho, quien calificó de «absurda» la acusación contra su clienta.
Tesis «irracional»
El abogado señaló también que Gómez «se limitó a hacer uso de los servicios profesionales» de Álvarez. «Aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna», subrayó. «Ni participó en su nombramiento ni en el pago de sus emolumentos», añadió.
Si la asesora aparece en copia en varios e-mails sobre la cátedra fue, según Camacho, para «conocer la agenda pública y privada» de la mujer de Sánchez.
El abogado también insistió en que Álvarez estaba activa, para cuestiones laborales, 24 horas al día y siete días a la semana. «Por eso estaba en copia en los correos…», expresó.
Sostener que ello supone una malversación es, a juicio de Camacho, «una interpretación extensiva, irracional e impropia de un Estado de Derecho».
El propio abogado, exministro del Interior y fiscal en excedencia, señaló este sábado ante Peinado que él mismo, en su etapa en el sector público, también ha enviado correos «de temas familiares o a amigos».
Algo que, ha señalado, es habitual para cualquier funcionario público sin que ello suponga una desatención de las labores que tiene asignadas. Y frecuente en jornadas de trabajo largas. «Creo que no hay prohibición alguna de remitir correos en horas de asueto», expresó Antonio Camacho.
La Audiencia Provincial
El abogado de Begoña Gómez también aludió a una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid fechada el pasado 25 de junio.
Este tribunal, jerárquicamente superior a Peinado, avaló investigar a Cristina Álvarez. Ahora bien, como publicó EL ESPAÑOL, la Audiencia madrileña consideró improbable que la asesora hubiese cometido un delito de malversación.
Entre otros motivos, porque sería achacable a quien hubiera ordenado su nombramiento y porque no consta que no cumpliese las labores que le fueron asignadas.
Sin embargo, el tribunal sí expresó el pasado junio que Álvarez «excedió claramente sus funciones» y que su actuación «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados«.
La Audiencia Provincial aún debe resolver varios recursos con los que la Fiscalía y la defensa de Gómez han impugnado diversas decisiones de Peinado. Entre otras, la orden de requerir todos los correos electrónicos, desde 2018 hasta hoy, enviados y recibidos por la cuenta corporativa de la esposa de Sánchez.
