La defensa del exdiputado socialista Santos Cerdán ha recurrido este martes la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de no excarcelarle. Los abogados del exsecretario de Organización del PSOE insisten en que está siendo investigado por su actividad política como «alto responsable» del principal partido del Gobierno.
Según sostuvo la defensa en la petición de libertad presentada el pasado día 8, el proceso abierto contra Cerdán por su presunta implicación en una trama de corrupción se está utilizando «para influir en la acción de Gobierno y se debe a que «ha sido el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado».
El juez le contestó la pasada semana que «frente a los consistentes indicios» contra el exdirigente socialista, su defensa opone «afirmaciones enteramente apodícticas» y «proposiciones especulativas».
Puente reprochaba a los defensores que no explicasen por qué los intervinientes en ese supuesto «complot» contra Cerdán le escogieron a él «como víctima», en vez de dirigirse «frente a otras cualesquiera personas que pudieran encontrarse en la misma línea de actuación política que Cerdán y con equivalente, o aún mayor, capacidad ejecutiva que éste para llevarla al acto».
«Desde que Cerdán no está en el Congreso, el Gobierno no consigue sacar adelante la mayoría de las votaciones en la Cámara Baja», dice ahora la defensa.
«Todo ello es demostrativo de que quizás no hay tantas personas ‘que puedan encontrarse en la misma línea de actuación política’ y que esta causa ha tenido y sigue teniendo un importante impacto en la actividad del poder legislativo y de la estabilidad del Gobierno central», insiste.
Inmunidad
El recurso reitera que Puente ha investigado a Cerdán sin haber pedido autorización del Congreso.
«En el presente procedimiento ha sucedido exactamente aquello que la inmunidad parlamentaria está llamada a proteger que es la alteración del cuerpo legislativo», afirma.
Resalta que, pese a que el instructor asegura que no ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) que investigara a Cerdán sino exclusivamente que buscara en el teléfono del empresario Víctor de Aldama si existían comunicaciones con personas aforadas, «esa decisión tan concreta acabó resultando en un atestado policial de centenares de páginas sobre Cerdán, el resultado de una investigación de meses que ahora sabemos que nadie había ordenado».
«El ataque a la inmunidad parlamentaria no habría venido, según el magistrado instructor, de sus resoluciones sino de la autodeterminación de la Policía Judicial», interpreta la defensa.
A su parecer, la inmunidad parlamentaria de Cerdán «ha sido violentada de forma clara» y «de este atropello de su aforamiento es de donde nace la imputación que lo lleva a prisión provisional».
Considera, por ello, que su encarcelamiento preventivo deriva de la violación de su derecho fundamental a la participación política en la expresión de su inmunidad como diputado del Congreso.
El recurso también insiste en que la situación de Cerdán, que se encuentra desde el pasado 30 de junio en prisión, no se justifica en el riesgo de destrucción o alteración de pruebas.
«No se explica cómo va a protegerse lo pretendidamente incautable como fuente de prueba si los responsables de Servinabar y Acciona [las empresas que habrían pagado comisiones a cambio de contratos públicos] se encuentran… en situación de ¡libertad!», manifiesta.
El argumento del instructor es «claramente falaz», dice, porque se acuerda la prisión únicamente para una de las supuestas partes intervinientes y, en cambio, no se adopta medida alguna con relación a quienes «son los poseedores de la documentación y los titulares de las responsabilidades contables, financieras y humanas de dichas mercantiles pretendidamente relacionadas con Cerdán».
También resalta que la sede de la empresa navarra Servinabar fue objeto de un registro, «con lo que se hace difícil entender a qué documentación se refiere ahora el instructor» en el sentido de que podría ser alterada o destruida.
Además, quedó «pendiente» la entrada y registro en la sede de Acciona, «que desconoce esta defensa por qué motivo no fue acordada en su momento».
«Por el motivo que fuera», añade, Puente no acordó el registro de Acciona, por lo que «es difícil comprender por qué aquello que no precisó ser incautado en el momento de ‘explotar’ la investigación debe ser protegido como fuente de prueba con posterioridad».
«Tenemos la sensación que la prisión provisional de Cerdán no se halla amparada por algo que exista en la investigación sino por algo que se busca en la investigación y que meses después de su inicio no ha llegado a encontrarse«, afirma.
«Seguimos nuevamente cautivos de una especulación policial, de un relato mediático, de una ensoñación de los investigadores«. dice la defensa, utilizando la famosa expresión que la Sala Penal del Supremo utilizó para describir el proceso soberanista catalán. En la causa del ‘procés’ intervino Benet Salellas, que ahora defiende a Cerdán.
