Después de casi 25 años de vigencia del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) tanto industriales como importadores coinciden en la necesidad de realizar una amplia revisión del listado de productos que se gravan de cara a la renovación del arbitrio por la Unión Europea, prevista para 2027. En estos días el Gobierno canario y el central justifican ante Bruselas la evolución del tributo desde 2021 con un informe, pero será en 2026 cuando la Consejería de Hacienda y los sectores implicados tendrán que analizar y debatir el futuro del AIEM y equilibrar un listado que provoca polémica y encontronazos entre distintos sectores: a unos porque se les protege de los productos que vienen de fuera al suponer una competencia a la producción local –agricultura e industria– y a otros porque ven encarecidos los artículos que entran en las Islas y su directa repercusión en la carestía de la cesta de la compra, caso de las pymes y los importadores.
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, asegura que «no está acreditado» que este gravamen tenga un impacto directo en la subida de precios. El Gobierno regional ya ha remitido al Estado el informe intermedio para que se traslade a Bruselas y en 2027 toca la nueva autorización de la Comisión Europea. Para Asián «en el proceso de formación de los precios intervienen muchos factores y es complejo ya que hay que repercutir el transporte, los costes laborales o la energía, por lo que no se ha podido establecer que este impuesto sea determinante».
El informe de Hacienda compara precios entre Canarias y la Península entre las grandes superficies «y no hay diferencias significativas», añade la titular de Hacienda. Asimismo el Instituto de Estadística de Canarias (Istac) ha realizado un estudio cruzando hasta 280 millones de datos mediante inteligencia artificial (IA) y del mismo no se concluye que el AIEM encarezca la cesta de la compra.
Por su parte, el presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa, asegura que «no tenemos el más mínimo interés en que se graven productos que no se elaboren en Canarias», por lo que desde el sector se tiende la mano a renovar la lista de productos y ajustar los mismos para discriminar los que ya no se producen y evitar así distorsiones como las que denuncian los importadores. Correa asegura que el 89% de los productos chequeados entre supermercados de la Península y Canarias tienen mínimas diferencias de precios y argumenta que uno de los principales problemas de «la guerra de la distribución» es el de las marcas blancas, donde el recargo del AIEM poco tiene que ver.
Posición moderada
La posición de la Confederación Canaria de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) se ha moderado con la entrada de la nueva directiva que cogió las riendas de la patronal recientemente. El vicepresidente de Cecapyme y presidente de la Federación de Comercio de Las Palmas (Fedeco), Raju Daswani, admite que el Gobierno «no va a quitar nunca el AIEM» pero sí exige una revisión extensa y exhaustiva del mismo: «La herramienta está obsoleta, en su día se aprobó para beneficiar a las empresas canarias pero después de los años que han pasado está perjudicando a los ciudadanos canarios porque hay productos que se gravan y no se producen aquí, estamos parados en este tema, debería desaparecer pero como eso no va a pasar sí debe existir una revisión en profundidad».
En lo que coinciden las tres partes es en la necesidad de pulir y ajustar el código aduanero y ampliar los códigos de los productos para desglosar y afinar con aquellos que ya no se producen en Canarias y dejarlos fuera del recargo del AIEM. Hay productos en el código de cuatro dígitos que sí se manufacturan en Canarias, pero los hay con determinadas características que no pero que implican aumentarlo a nueve y hasta doce dígitos. Esa es la labor que reclaman los importadores para la próxima revisión y que Hacienda asume. «Sería deseable cambios más habituales» para ajustar el listado a los cambios del mercado, añade Asián, aunque avisa que no es una tarea fácil.
Si el Gobierno o Asinca mantienen que no hay impacto directo en los precios de la cesta de la compra, otros análisis dicen lo contrario. Informes recientes del gabinete técnico del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas concluyen que el AIEM no está cumpliendo con su objetivo, es decir, proteger a la producción agrícola e industrial de las Islas frente a la competencia exterior. Los empresarios detractores de este gravamen mantienen que una familia media paga el equivalente a 1.500 euros al año por los diferentes recargos del AIEM en los productos que adquiere.
Una de las conclusiones del análisis realizado por CCOO es que si bien no se identifica un patrón de crecimiento de los precios claramente diferenciado con la media nacional, sí se ha constatado un encarecimiento superior a la media estatal en determinados productos como son el pan, la carne de ave, el pescado, artículos no duraderos para el hogar y publicaciones, productos precisamente sujetos al AIEM a tipos que van del 5% al 10%. Asimismo, la central sindical advierte que «se puede haber producido un incremento artificial de precios de la producción local al contar las importaciones con un arancel, que puede llegar al 15%, incrementando su precio final y reduciendo su competitividad».
Por su parte en el último informe del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas realizado sobre el AIEM se constata también un incremento de la dependencia del exterior pese a la protección de la industria local –del 76% al 91%–, mientras que la producción local ha bajado, lo que ha motivado un encarecimiento de los precios.
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