Según un informe de Sehrish Usman (Universidad de Mannheim, Alemania) y dos autores del Banco Central Europeo, el coste económico que ha tenido para Europa las olas de calor, las sequías y las inundaciones de este verano (junio, julio y agosto) se estima en 43.000 millones de euros a corto plazo (en 2025) y en 126.000 millones de euros a medio plazo (para 2029). España fue el país de la UE más afectado, según dicho estudio.
Estas nuevas estimaciones del coste que tiene la inacción frente al cambio climático llegan en un momento crucial, ya que los ministros de Medio Ambiente de la UE debatirán el objetivo climático de la UE para 2040 este jueves 18 de septiembre.
Inundaciones en Alemania causadas por el cambio climático / FRIEDEMANN VOGEL
España es el país más afectado (junto a Francia e Italia) de las grandes naciones de la UE, con pérdidas estimadas de 12.000 millones de euros a corto plazo (en 2025) y de 34.000 millones de euros a medio plazo (para 2029).
Hasta el 2,4% de la riqueza nacional de España
Estas cifras de daños son las causadas solo por las condiciones meteorológicas extremas de este verano. Esto corresponde al 0,8 % y al 2,4 % del Valor Agregado Bruto (VAB) total de España en 2024, respectivamente. De hecho, España registra la mayor pérdida de VAB entre todos los países de la UE analizados, tanto a corto como a medio plazo.
Cuadro de las pérdidas económicas por países a corto plazo (2025) y medio plazo (2029) / Sehrish
Los autores subrayan que «estas estimaciones son probablemente conservadoras», ya que no incluyen otros factores, como los incendios forestales, que han sido muy importantes durante julio y agosto. No obstante, estas estimaciones son sustancialmente superiores a los 31.000 millones de euros en pérdidas económicas directas de todos los desastres naturales en Europa durante todo el año 2024 (según datos de reaseguradoras).
El análisis ofrece estimaciones detalladas del impacto macroeconómico de las olas de calor, las sequías y las inundaciones en aquellas zonas geográficas donde se hayan producido dichos fenómenos de manera significativa este verano.
Las pérdidas son en realidad aún mayores
Los autores enfatizan que, en realidad, las pérdidas reales son aún más cuantiosas, ya que no se han tenido en cuenta los impactos acumulativos (por ejemplo, olas de calor y sequías simultáneas) ni incluyen otros factores, como los incendios forestales o los daños causados por el granizo y el viento en las tormentas.
La adaptación climática cuesta dinero, pero no hacer nada cuesta más, recuerdan los investigadores
Los autores explican que los costes económicos de las catástrofes superan con creces los daños directos y más visibles, que son en las que se basan las cifras de pérdidas económicas que suelen recopilar las reaseguradoras. Aunque a veces se denominan «pérdidas económicas totales», en realidad solo cubren los daños a los activos físicos; no incluyen, por ejemplo, la reducción de la productividad en la construcción y la hostelería debido a las olas de calor, ni los impactos indirectos como la pérdida de producción causada por fábricas dañadas, los costes humanos, los costes fiscales, la inflación, los costos de adaptación y las repercusiones a través de los vínculos comerciales y de la cadena de suministro. La adaptación climática cuesta dinero, pero no hacer nada cuesta más, recuerdan los investigadores.
Cesar el uso del petróleo, una urgencia cada vez más evidente / Shutterstock
El estudio deja claro que las condiciones meteorológicas extremas ya no son una amenaza lejana; ya están afectando al desarrollo económico de Europa. «Contar con estimaciones de impacto oportunas ayuda a los responsables políticos a orientar las estrategias de apoyo y adaptación mientras los efectos de los fenómenos extremos aún se están manifestando», afirma Usman.
Además de la reducción urgente de emisiones, los investigadores piden una mayor inversión en adaptación climática, como la protección contra el calor en las ciudades y una mejor gestión del agua. Al mismo tiempo, señalan que las medidas de adaptación en sí mismas son costosas y no siempre representan el uso más productivo de los fondos públicos, por lo que deberían implementarse en paralelo con las políticas de reducción de emisiones.
