El caso Koldo y la acusación contra Santos Cerdán agita las posiciones políticas del Gobierno. Sumar, que desde el primer momento presionó a los socialistas para lanzar medidas de regeneración y que cargó duramente contra el exsecretario de Organización del PSOE, ha virado también sus planteamientos, sembrando la duda sobre la instrucción judicial y apuntando a lo que consideran una «investigación prospectiva» en manos del juez Leopoldo Puente. Una tesis que coincide con la defensa del exdiputado navarro, en prisión provisional desde finales de junio.
La defensa de Santos Cerdán, ejercida por los abogados Benet Salellas y Jacobo Teijelo, pasa por tratar de poner en jaque la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para lo que ponen en duda el papel jugado por el imputado que da nombre al caso, Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
Gran parte de las acusaciones que afectan a Cerdán, proceden fundamentalmente de los audios de conversaciones intervenidas en los dispositivos que tenía en su poder Koldo, al que ambos abogados consideran un “agente provocador” o cuando menos el protagonista de una actuación “cuasipolicial” o que se desarrollaba “bajo dirección policial”, porque los teléfonos se los proporcionaba un guardia civil también imputado, el comandante Rubén Villalba. De confirmarse que fue así, solicitan la nulidad de las actuaciones.
No obstante, el juez instructor, Leopoldo Puente, no ha dado crédito al menos de momento a esta teoría, pero autorizó el acceso a los audios en los que la Guardia Civil había basado su informe contra el político socialista para un nuevo análisis que aún está pendiente.
Esta tesis, con la que Cerdán pide invalidar los audios que le inculpan, es a la que en parte se ha adherido Sumar, que pidió personarse junto a los Comunes como acusación popular en la causa, y donde también cuestionan la figura de Koldo, en el centro de la investigación por ser el origen de las grabaciones incluidas en el procedimiento. Si Cerdán exhibe su desconfianza hacia la investigación en sus escritos judiciales, desde Sumar trasladan estas dudas desde el carril político y parlamentario.
En una batería de preguntas al Gobierno registradas el pasado 22 de julio, el diputado de Sumar Gerardo Pisarello recordaba que fue condecorado por la Guardia Civil durante la etapa del popular José Ignacio Zoido como ministro del Interior, infiriendo así una influencia del Gobierno conservador y destacando que se le incautaron 23 dispositivos móviles, algo «un tanto extraño para un mero asesor político». Señala además que los «vínculos personales, simbólicos y orgánicos entre el principal corruptor y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» generan a su juicio «un problema de confianza institucional y de legitimidad democrática». En este punto, asegura que «la ciudadanía tiene derecho a saber si hubo protección institucional encubierta» a Koldo García y «si se usaron canales oficiales para ocultar o tolerar actividades delictivas».
Más allá de esta reflexión, expresada en la exposición de motivos de la iniciativa, Sumar preguntaba al Gobierno por la existencia de «algún tipo de intervención, obstaculización o filtración de información por parte de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pudiera haber beneficiado a Koldo García o dificultado el avance de las investigaciones».
«Investigación encubierta o prospectiva»
Uno de los argumentos principales de Cerdán para pedir su puesta en libertad es asegurar que está sufriendo una suerte de persecución por motivos políticos, además de tratar de neutralizar las pruebas que existen en su contra. Un argumento que comparte una parte del independentismo y que en mucha menor medida también ha enarbolado el ala del PSOE en el Gobierno en investigaciones como la de la esposa del presidente, Begoña Gómez, o el fiscal general del Estado.
Según la última petición de libertad de Cerdán, él se convirtió en objetivo porque era el encargado de negociar los apoyos del Gobierno progresista. Argumenta que el instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, autorizó revisar todas las comunicaciones intervenidas en la causa el pasado 4 de febrero, cuando el 22 de enero anterior, «por primera vez en la legislatura, PP y VOX votaron con Junts contra la convalidación del decreto ómnibus», lo que «abría una importante crisis en el apoyo parlamentario al Gobierno».
El juez Moreno justificó su decisión en la declaración que el comisionista Víctor de Aldama había prestado voluntariamente en noviembre en la que vinculó a Santos Cerdán y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con la presunta trama de corrupción investigada, aunque la implicación del canario no se ha visto confirmada.
Salellas y Teijelo lo consideran una intromisión en la inviolabilidad e inmunidad de los diputados, por lo que han pedido al Supremo que informe al Congreso de esta circunstancia, porque considera que esa revisión de las comunicaciones afectaba a diputados y, por tanto, aforados. Sostienen que se trata de «una acción de pesquisa general contra miembros de partidos políticos de modo indiscriminado» y recuerdan que «utilizar litigios penales para influir en la acción de gobierno es un uso perverso del derecho».
La autorización de la Audiencia Nacional a revisar las comunicaciones también ha sido objeto de queja por parte de Sumar. La coalición de Yolanda Díaz remitió este mismo martes un escrito a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para que reclamara al Tribunal Supremo especificar a qué diputados afectaba esta investigación, por haber intercambiado mensajes con Koldo, en unas comunicaciones ahora intervenidas. Entre los diputados afectados estarían el propio Santos Cerdán, que dejó el acta en junio, el ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, «así como otras personas aforadas», según el auto de instrucción que ordenaba a la UCO acceder a las comunicaciones de los dispositivos intervenidos a los diputados.
El firmante del escrito, Pisarello, argumenta que Torres ni el resto de diputados afectados «figuran hoy en día como investigados en dicha causa», y advierte que «la diligencia podría implicar una investigación encubierta o prospectiva sobre parlamentarios aforados sin el preceptivo suplicatorio», advirtiendo de que esto supone una «vulneración» del artículo 71 de la Constitución española y uniéndose así a otro de los argumentos de Cerdán.
Desde Sumar confirman que el escrito se escribió en nombre de todo el grupo parlamentario, y no sólo de los Comuns, rama catalana a la que pertenece Pisarello. Y distintas fuentes de Sumar, en conversación con EL PERIÓDICO, apuntan a que la investigación en torno a Koldo García y el propio papel del asesor está generando cada vez más inquietud en sus filas. «Huele mal», señala una de estas voces. «Es cada vez más raro», apunta otra de las personas consultadas, que señala las «incógnitas» abiertas a raíz de este caso. Apuntan además a que el malestar va in crescendo en torno a esta investigación, coincidiendo con otros casos judiciales que afectan directamente al Gobierno.
