En el ambiente caldeado que se ha vivido esta semana en torno al acto de la apertura del año judicial, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha calificado de «totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia, provenientes de los poderes públicos«, por ello «socava de forma directa la confianza en la justicia, al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces», por lo que considera que son «descalificaciones impropias de un estado de derecho avanzado en el que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el de respeto mutuo; en definitiva, la lealtad institucional».
Como es habitual, Perelló intentó diferenciar entre el desacuerdo y la crítica, plenamente «aceptable» y «legítimos» en una democracia, frente a las que lo que haces en «desacreditar al Poder Judicial, atribuyéndole intenciones u objetivos que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional». Sus palabras se producen la misma semana en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que había «jueces que hacían política», en referencia a los procedimientos abiertos contra su esposa, su hermano y el fiscal general.
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