La petición de colaboración de la Generalitat a ayuntamientos de la provincia para acoger a los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias se amplía más allá de las corporaciones progresistas.
Gobiernos liderados por el PP como Sant Joan d’Alacant, San Vicente del Raspeig, La Vila Joiosa, Mutxamel, El Campello y Pilar de la Horadada han recibido este jueves la carta de la Conselleria de Servicios Sociales solicitando ayuda.
Todo después de la polémica generada el miércoles, al solo haber constancia de la recepción en consistorios de izquierdas de la misiva, fechada y recepcionada el 27 de agosto, y no aclararse los criterios empleados.
Del mismo modo otros ayuntamientos progresistas han confirmado este jueves que habían recibido también ya la carta, como el caso de Ibi y Petrer, donde llegó la pasada semana, o Novelda y Calp, uniéndose así a otros consistorios de izquierdas de Villena, Elda y Aspe.
La Generalitat afirma que la colaboración se solicita a todos los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes
Esta disparidad en los municipios que habían recibido la carta, fechada el 27 de agosto, había hecho levantar suspicacias en la izquierda, reclamando a la Generalitat que aclarara qué criterio se han empleado para solicitar esta ayuda, máxime cuando el miércoles solo se conocía la remisión a gobiernos progresistas.
E incluso el alcalde de Elda y líder provincial del PSOE, Rubén Alfaro, acusó a la Generalitat de «sembrar discordia» con este envío selectivo de cartas, después de que además el Consell mostrara su rechazo a acoger a estos migrantes.
Criterio aclarado
Así, desde la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda han aclarado por este jueves el criterio empleado: «Las cartas se han enviado a los municipios de la Comunitat Valenciana, básicamente con un criterio poblacional, para aquellas localidades de más de 10.000 habitantes. Esto, en principio, porque entendemos que las más pequeñas difícilmente contarán con recursos de características adecuadas para este fin».
Un menor es atendido tras arribar a Canarias / EFE
Y la Generalitat ha insistido en que con estas cartas «trata de abrir una vía de diálogo y colaboración con los municipios, para que nos digan si cuentan con recursos que se puedan utilizar ante la posibilidad de que el Gobierno ejecute el envío de menores, en base a un decreto que hemos recurrido, a nuestro territorio, cuando estamos al 160 % de la capacidad«.
La conselleria insiste en que trata de abrir una «vía de diálogo y colaboración» con los municipios para conocer los recursos con los que cuentan
En esta carta, firmada por Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, recuerda «el Gobierno de España, mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, ha determinado el reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias entre el resto de comunidades autónomas«.
Recursos de inconstitucional
Y apunta que esta resolución, «que acumula numerosos recursos admitidos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes comunidades, incluida la Comunitat Valenciana, establece el traslado de 571 menores no acompañados a nuestra comunidad, asignando un crédito de 7.451.550 €, que exclusivamente cubrirá una parte de sus gastos durante tres meses».
Hasta el miércoles solo habían recibido la carta gobiernos progresistas como Petrer, Elda, Villena, Aspe, Ibi, Calp y Novelda
Y «dado que el Gobierno sigue adelante con su decisión tras la aprobación del Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de cada sistema, solicito de vuestra colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados».
Ante esta carta, los gobiernos de izquierda han reiterado su solidaridad pero han recordado que se trata de competencias autonómicas, y han reclamado a la Generalitat más recursos y coordinación con el Gobierno central para hacer frente a la crisis migratoria que sufren las Islas Canarias, y por la que a la Comunidad Valenciana tiene que asumir a 571 menores no acompañados.
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