Cuando llegó al Gobierno en 2023 una de sus primeras decisiones fue decretar la emergencia hídrica ¿Qué balance hace de estos dos años?
Lo primero que hicimos fue poner toda la planificación hidrológica al día porque estábamos sujetos a sanciones por procedimientos abiertos de la Comisión Europea. Eso lo hemos conseguido y estamos trabajando ya para el nuevo ciclo que empieza el año 2027. Cuando tomamos las riendas de la Consejería no teníamos proyectos de obras hidráulicas y tuvimos que empezar prácticamente de cero con una serie de obras importantes y eso nos ha llevado tiempo, con casi dos años desarrollando proyectos en todas las islas, pero ya estamos viendo la luz al final del túnel y podemos empezar a adjudicar y ejecutar obras. No ha sido un trabajo fácil porque ha habido mucho de gestión, de despachos y de autorizaciones. Creo que en materia de aguas estamos mejor que hace dos años porque se han realizado inversiones desde el Gobierno ayudando financieramente a los cabildos, sobre todo en las islas orientales, para paliar la emergencia hídrica. Fuerteventura está bastante mejor en cuanto a cortes de agua y problemas de suministro. En Lanzarote todavía hay dificultades pero las cosas van mejorando. En el resto de las islas no hay esa presión hídrica, pero en las islas más occidentales trabajamos en materia de desalación. El objetivo al final de legislatura es tener las infraestructuras ya ultimadas o adjudicadas.
Dicen los expertos que si no es por los avances en la desalación de agua la situación en algunas islas podría ser mucho peor ¿Lo cree así?
Pues sí. Afortunadamente tenemos la posibilidad de la desalación de agua y en las islas orientales la gran mayoría de la producción viene del agua de mar. Pero también hay que seguir trabajando en las islas occidentales porque tanto La Gomera, El Hierro como La Palma empiezan a tener problemas, no tanto de suministro pero sí en materia agrícola. Por lo tanto es un apoyo importante y hemos apostado decididamente por la implantación de la desalación, pero también hay que decir que no es la única solución. Canarias tiene un déficit importante en depuración de agua, debemos reciclar esas aguas, reutilizarlas y enviarlas al sector primario. Es difícil en ocasiones convencer a determinadas islas de la importancia que tiene reciclar el agua y reutilizarla, por ejemplo a la isla de la Palma en ciertos sectores no ven la depuración del agua como una solución, pero creemos que el ciclo integral del agua hay que llevarlo a cabo. Tenemos que desalar agua, pero también tenemos que regenerarla y algo muy importante es la gestión del agua para evitar pérdidas como en algunas islas con unos porcentajes muy importantes superiores al 30, 40 o incluso hasta el 50%. Hay que tener en cuenta que las islas tienen sus organismos de gestión de agua, los consejos insulares, y el Gobierno está en buena sintonía con todos ellos.
Llevan unos cuantos años de tiras y aflojas por el convenio de obras hidráulicas ¿En qué situación se está? ¿No hay fondos del Estado para este tipo de infraestructuras?
Siempre hemos reivindicado que Canarias tiene que tener un trato especial en materia hidráulica por nuestras circunstancias de islas, cada una con su propia idiosincrasia. El convenio como lo tenemos concebido, es decir, con cofinanciación entre Canarias y el Estado en estos momentos está parado, no hay avance alguno. Está dentro de la agenda canaria y es uno de los temas que se ponen sobre la mesa, pero no ha habido avances significativos. El Estado tiene otras formas de entender cómo invertir en Canarias con las cuales no coincidimos porque creemos que las obras de Canarias las tienen que decidir los organismos y las instituciones de Canarias y, a partir de ahí, como obras de interés general ser financiadas por el Estado. En esa discusión estamos, pero lo cierto es que lo único que hemos conseguido es una financiación de 20 millones que en 2024 no se llevó a cabo y que esperemos que en este año esa partida llegue.
La ordenación del suelo siempre ha condicionado el desarrollo de las Islas y todavía muchos ayuntamientos siguen sin tener al día sus planes generales ¿Hacia dónde vamos? ¿Este atasco se podrá resolver en algún momento?
Pienso que sí y estamos en esa línea actuando desde varios puntos de vista. El más importante y el que más trabajo nos está llevando es la actualización de la Ley del Suelo, que tiene como objetivo, entre otras cosas, solucionar el problema de la simplificación para que la tramitación de los planes urbanísticos no sean tan complejos, engorrosos y no tarden tanto. También sabemos que la cuestión del urbanismo lleva aparejada financiación y, en ese aspecto, todos los años estamos aportando una línea de subvenciones a los ayuntamientos para el desarrollo del planeamiento. También a través de la empresa Gesplan hay una oficina que permite hacer consultas jurídicas por los ayuntamientos donde no hay esa solidez de técnicos y juristas. Hemos elaborado también un decreto ley que se está tramitando como ley en el Parlamento para simplificar la autorización de las licencias, algo fundamental ahora que necesitamos suelo habilitado para ejecutar vivienda. Por lo tanto medidas estamos tomando pero no significa que el tema esté solucionado porque es difícil, complicado y engorroso, pero estamos trabajando de forma coordinada con los ayuntamientos. Desde el Gobierno ponemos todo lo que está en nuestra mano para que el planeamiento esté actualizado y sea operativo.
¿Entonces es más responsabilidad de los cabildos y los ayuntamientos?
La falta de funcionarios y profesionales es un grave problema pero en ocasiones la lentitud política a la hora de tomar decisiones sobre qué se quiere hacer en el municipio también es un condicionante. Ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones que son estructurantes para la isla es difícil y a veces se comienza un plan insular o general y luego llega una nueva corporación y ese plan no sirve y se vuelve de nuevo a empezar. El planeamiento es complejo pero sabemos que es la única herramienta que tenemos para seguir avanzando y seguir habilitando suelo para asuntos tan importantes como el de la vivienda.
¿No les ha quedado más remedio que externalizar los informes técnicos urbanísticos para agilizar los planes?
Exploramos nuevas vías para acelerar los procedimientos y por eso hemos puesto a disposición de los ayuntamientos la posibilidad de recurrir a terceros, a empresas públicas, a empresas urbanísticas homologadas o a colegios profesionales que nos permitan hacer una tramitación mucho más ágil. Lo que el Gobierno está haciendo es poner herramientas para intentar que la lentitud en otorgar licencias o desarrollar planeamientos se pueda hacer de una forma más ágil, pero siempre depende un poco de la voluntad y de la competencia que tienen en materia de planeamiento los ayuntamientos.
¿Qué fallos han detectado en la Ley del Suelo? ¿Por qué hay que tocar una ley que tampoco tiene un recorrido tan largo en el tiempo?
Hemos detectado ciertas dificultades y carencias en cuestiones de terminología jurídica, con aspectos que generaban diversidad de puntos de vista a la hora de abordar determinadas temáticas. Por tanto la ley lo que hace es en esas cuestiones que no se interpretaban de la misma forma en un sitio y en otro, intentar aclararlas también, además de simplificar procedimientos y plazos. También se introducen nuevas cuestiones que tienen que ver con la Agenda Canaria 2030 y el reto demográfico. La ley es buena porque puso las competencias en manos de los ayuntamientos y los cabildos, que son ellos los que tienen que tomar las decisiones en función de sus territorios y que el Gobierno simplemente hace una labor de colaboración. Se están poniendo todos los medios posibles pero mi impresión es que hay ayuntamientos que son conscientes de que el planeamiento es muy importante, pero también veo que en otros se relega a un segundo plano y no hay esa voluntad de actualizar sus planes.
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