¿Se ha deteriorado la posición internacional de España?

El Gobierno ha defendido los contratos cerrados con la multinacional china Huawei para gestionar y almacenar de escuchas telefónicas judiciales y, ante las crecientes críticas del PP, ha afirmado que la seguridad de todas las comunicaciones y la ciberseguridad en España están «totalmente garantizadas y a los más altos estándares europeos».

Lo ha asegurado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en una entrevista en Onda Cero, donde ha acusado de demagogia a la oposición, tras pedir el PP que comparezcan en el Congreso los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; Justicia, Félix Bolaños, y él mismo para dar cuenta de la adjudicación de esos contratos.

Según explican fuentes del Ministerio del Interior, son contratos para el suministro de sistemas de almacenamiento para la plataforma de intercambio de evidencias digitales y para los sistemas de interceptación legal de las telecomunicaciones y conservación de datos.

«La contratación de sistemas de almacenamiento de Huawei no comporta ningún riesgo para la seguridad y cumple con los niveles requeridos en el Esquema Nacional de Seguridad por autoridades de certificación independientes», aseguran desde el departamento que dirige Grande-Marlaska.

Consultada por EFE, la empresa ha asegurado que todos sus productos disponibles en el mercado español cumplen estrictamente con la normativa y ha asegurado que el equipo de almacenamiento contratado por el Gobierno sigue los estándares de seguridad.

«Toda la información almacenada en el ‘hardware’ pertenece al cliente y está a su exclusiva disposición», ha apuntado la compañía, quien ha asegurado que el producto en cuestión, denominado ‘OceanStor Dorado’ «no tiene acceso a los datos del cliente».

El programa F-35, liderado por Estados Unidos y que implica a varios aliados de la OTAN, ha sido otra fuente de controversia. Mientras países como Polonia, Finlandia, Alemania y Suiza han optado por incorporar este avión de combate de quinta generación a sus flotas, España se ha mantenido al margen del proyecto.

El Gobierno español ha insistido en su apuesta por el programa europeo FCAS (Future Combat Air System), desarrollado junto con Francia y Alemania, que debería estar operativo a partir de 2040. Sin embargo, la no participación en el F-35 ha generado dudas sobre la interoperabilidad de las Fuerzas Armadas españolas con el resto de los aliados en operaciones conjuntas.

En 2024, el Ministerio de Defensa confirmó la decisión de no adquirir el F-35 para reemplazar ni a los Harrier de la Armada ni a los Eurofighter del Ejército del Aire, reafirmando su compromiso con FCAS. Esta postura ha sido criticada por sectores de la OTAN que consideran que España se está quedando rezagada tecnológicamente frente a otros socios.

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