Solo durante su primer año en la presidencia de Argentina, Javier Milei lanzó 4.149 insultos y descalificaciones contra quienes impugnaban sus políticas, según un recuento del diario ‘La Nación’. En los últimos tres meses salieron de su boca 611 improperios, 57 de ellos con alusiones sexuales. A comienzos de la semana, el ultraderechista prometió someterse a «la dictadura de las formas» y abandonar las invectivas. Pero en la noche del miércoles, la Cámara de Diputados votó la ley de financiación universitaria y un proyecto que declara la «emergencia pediátrica» en el país. Milei no pudo contener su ira y si bien fue autor directo de una afrenta hizo suyo en X un posteo de un diputado libertado en el que definía a la oposición que promovió las iniciativas como un «Movimiento Integrador Escatológico Revolucionario de Argentina (MIERDA)».
La relación de Milei con el lenguaje es objeto de estudio y desconcierto de semiólogos, analistas de la cultura y la política. La misma noche en la que se comprometió a frenar sus ofensas verbales las deslizó de otra manera. «Ahora vienen a decir que no se llega a fin de mes (con los salarios). Convengamos que está claro que la frase suena muy interesante para ponerse sensiblero, pero es muy interesante, porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y estaría llena de cadáveres».
La revista ‘Noticias’ habló meses atrás de una «psicología de la crueldad». Para el escritor Martín Kohan, la humillación se ha instalado como «normalidad». El Congreso fue escenario días atrás de esa cultura durante una reciente marcha para pedir a los legisladores que derroten el veto presidencial al aumento de presupuesto para la discapacidad. Numerosas familias con sus hijos se movilizaron frente a la legislatura, que debe discutir el tema la semana que viene. Las fuerzas de seguridad no solo cercaron el Parlamento. «No era necesaria tanta policía, tanta militarización», dijo Fernanda Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial, un centro de profesionales que atiende a personas con distintas discapacidades. «Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo».
Represión inédita
Los uniformados, que suelen agredir a los pensionistas cuando reclaman mejoras en las mismas calles, con gases lacrimógenos si hace falta, no se privaron esta vez de empujar e incluso agredir a personas en sillas de ruedas. «Yo nunca pensé que iba a vivir un momento así», señaló Alex Goldman, representante del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. «Fue una acción injustificada». La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir una situación desoladora. De acuerdo con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), una maestra de integración en la escuela común cobra solo dos euros la hora y se lo pagan con una demora de 180 días. Las pensiones son de 180 euros. Una escuela especial cuesta casi 533 euros.
«Si una persona con parálisis cerebral tiene que ir a una terapia para ver si puede empezar a caminar, la necesita ya. Lo mismo pasa con un hipoacúsico. Si no se hace cuando son chicos, se pierde un tiempo muy valioso. Por eso las familias están tan desesperadas», dijo la reconocida actriz Valentina Bassi. Su hijo Lisandro tiene un trastorno del espectro autista. Las escenas en las inmediaciones del Congreso le provocaron estupor. «Nos preguntábamos si eran capaces de reprimir, porque había niños con síndrome de Down, adolescentes con autismo, personas en sillas de ruedas. Los que podíamos, empujamos los escudos hasta que se replegaron y se fueron».
Mariel Rodera es madre de un niño de siete años con autismo. Fueron juntos a la marcha de la que participaron también maestros y terapeutas. La Gendarmería avanzó contra ellos «y no les importó quiénes estaban reclamando. Yo estaba entre sorprendida y angustiada. Fueron más o menos 30 minutos de forcejeo». Rodera señaló: «si el Estado nos suelta, no tenemos la plata (dinero) para pagar los apoyos que se necesitan». Las familias se sienten expuestas. Cuando Ian Moche, un adolescente neurodivergente, habló en un programa periodístico fue expuesto por el propio Milei en las redes sociales. «Sentí mucha rabia». El pecado de Moche y su madre fue ventilar la respuesta de Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a sus peticiones. El funcionario afirmó que la situación de un hijo es «un problema de la familia, no del Estado».
Las cuentas fiscales
El Gobierno rechaza aumentar el presupuesto para universidades, hospitales públicos y discapacitados alegando una necesidad de preservar el equilibrio fiscal. La semana pasada hizo una excepción con los grandes productores agropecuarios y redujo los gravámenes del sector a las exportaciones. «La crueldad contra las personas con discapacidad es criminal«, sostuvo Remigia Cáceres, de la Central de Trabajadores de la Argentina.
El Gobierno ha reducido en un 61% el presupuesto del Instituto Nacional del Cáncer y afectó de manera sensible la entrega de medicamentos oncológicos. La cantante Araceli Julio falleció semanas atrás porque no recibió el acostumbrado apoyo estatal. Había sido diagnosticada en 2021 con cáncer de mama. El año pasado comenzó su lucha por la medicación que costaba más de 1.100 euros. «Desde que asumió la ultraderecha esta medicación no me la están dando«, denunció poco antes de fallecer.
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