El Gobierno ignora las presiones en pleno revuelo político y empresarial y sigue adelante con el proceso de preparar el cierre y el desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres. Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y la demolición de las plantas, ha puesto en marcha la licitación del contrato millonario para diseñar los trabajos de desmontaje de la central nuclear, cuyos dos reactores están previsto que echen el cierre en 2027 y 2028.
El proceso está siendo un poco accidentado. Enresa tuvo que ampliar el plazo para recibir ofertas de empresas interesadas para hacerse con el contrato por el riesgo de que el concurso quedara desierto, Pero finalmente el grupo estatal ha recibido candidaturas de dos consorcios para pilotar los trabajos previos para encarar el achatarramiento. Y entre las empresas interesadas en pilotar la demolición hay una vieja conocida de la central nuclear cacereña que participó con un papel protagonista en su construcción y su puesta en marcha en la década de los setenta y los primeros ochenta del siglo pasado.
La estadounidense Westinghouse Electric, uno de los grandes grupos industriales históricos del sector nuclear, se ha integrado junto a la corporación española Empresarios Agrupados Internacional en un consorcio para intentar hacerse con el contrato para preparar el cierre de Almaraz, según la documentación oficial del concurso público. Westinghouse fue la encargada de diseñar y suministrar el corazón de la central cacereña, sus dos reactores, y también se ocupó de facilitar los alternadores y la primera carga de combustible nuclear para poner en marcha la central (Almaraz I en 1981 y Almaraz II en 1983).
También opta a hacerse con el contrato un segundo consorcio integrado por las compañías GD Energy Services y su participada Innomerics. La compañía GDES (Grupo Dominguis Energy Services) ha mostrado su apoyo públicamente y ha reconocido que da apoyo económico y también ayuda en las campañas realizadas por la plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al Futuro’, que defiende la continuida de la central nuclear cacereña más allá de las fechas previstas de clausura.
Enresa busca empresas especializadas para realizar los estudios y la ingeniería de diseño, de los proyectos de obra y de preparación de la documentación para conseguir la autorización del desmantelamiento de la central de Almaraz. La licitación de los trabajos de ingeniería para diseñar el desmantelamiento de Almaraz tiene un coste previsto de 23,7 millones de euros (superando los los 28,7 millones con impuestos), a la espera de las propuestas económicas a la baja de los ofertantes.
El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) establece que Enresa debe iniciar las labores previas a los desmantelamientos entre tres y preferiblemente cinco años antes de la fecha de cese definitivo. Y es conforme a estos plazos por los que la compañía pública arrancó las actividades para el desmantelamiento y la preparación de la documentación reglamentaria para la futura solicitud de autorización de desmontaje de Almaraz. Enresa ha estado trabajando con las propietarias de la central en la recopilación de la información necesaria para el diseño del proyecto, y ahora activará de forma definitiva la primera gran contratación de los servicios de ingeniería para el desmantelamiento.
En ‘modo cierre’
Las grandes eléctricas llevan meses intentando abrir una vía de negociación con el Gobierno para retrasar el calendario de cierre de las centrales nucleares, empezando por Almaraz. Las posiciones de las compañías y el Ejecutivo están tan alejadas de principio y se plantean tantos condicionantes previos que la negociación entre las partes para retrasar la clausura de todas las centrales españolas siquiera ha empezado y hay pocas perspectivas de que suceda. En este contexto, de momento de impasse, las compañías propietarias de la central cacereña -Iberdrola, Endesa y Naturgy- han puesto la planta en ‘modo cierre’.
Las eléctricas socias no han adoptado medidas cruciales para el futuro de Almaraz ni para hacer posible que siga funcionando más allá de la fecha prevista. La junta de socios de CNAT -la sociedad que formalmente es la propietaria de la central cacereña- se reunió el mes pasado, pero los tres accionistas abordaron sólo los asuntos ordinarios de gestión de la planta y no se abordó ninguna decisión sobre el futuro de las instalaciones, como adelantó EL PERIÓDICO.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado a las compañías propietarias que deben facilitarle antes del próximo noviembre la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del proceso de desmantelamiento del primero de los reactores. Las propietarias confirman su intención de avanzar en ese proceso y que remitirán toda la información necesaria para progresar hacia el cierre. “CNAT prevé entregar en octubre la documentación que exige el CSN para abordar el cierre previsto en noviembre 2027, dos años antes como pide su normativa del CSN”, confirman fuentes oficiales de la sociedad propietaria de Almaraz, que anticipan que esa información ya está casi preparada.
Invertir sólo si es rentable
Iberdrola (accionista mayoritario de Almaraz con un 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) no tienen en el radar aprobar nuevas inversiones necesarias para tener las instalaciones listas para una eventual prolongación de sus años de funcionamiento. “Los tres socios no pueden tomar decisiones de inversiones que no vayan a ser rentables. Y ahora no lo son”, apuntan fuentes del sector eléctrico, que cierran la puerta a impulsar decididamente en el escenario actual un cambio en las fechas de clausura. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial, las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad. Ante el escenario actual de bloqueo en el debate con el Gobierno sobre el futuro nuclear, los socios de momento apuestan por continuar quemando etapas hacia el cierre de Almaraz como estaba previsto.
El cálculo que se maneja es que serían necesarias inversiones por más de 20 millones de euros simplemente para tener lista la planta por si se retrasa el cierre hasta 2030, tanto para asegurar los suministros (combustible nuclear, singularmente) como para la homologación de todo el personal y para garantizar la seguridad de las instalaciones. La eventual aprobación de estas inversiones podría entenderse como una señal clara al Gobierno del interés de las eléctricas por mantener operativa la central de Almaraz, antes de solicitar formalmente una prórroga de la autorización de funcionamiento más adelante. Una posibilidad que ahora mismo se ha congelado.
Las líneas rojas que plantea el Gobierno para siquiera negociar con las eléctricas una propuesta en este sentido genera tal incertidumbre a las compañías que aparentemente no pretenden dar ningún paso. En principio, las grandes eléctricas se plantean (planteaban) una propuesta consensuada para pedir al Gobierno la ampliación de la vida de la central nuclear de Almaraz, con el objetivo de retrasar el cierre de los reactores programado para 2027 y 2028. Pero el intento de las tres energéticas de explorar con el Ejecutivo un cambio en el calendario de cierre de las nucleares se encuentra en un punto muerto.
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