La nueva Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) ha superado su último trámite en el pleno del Congreso, por lo que ha quedado definitivamente aprobada en una votación en la que el PSOE ha apoyado algunas de las enmiendas que el PP había introducido en el Senado.
El pleno del Congreso ha aprobado tres enmiendas del PP, entre las que destaca que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde están presentes las comunidades autónomas y será la que gestione y coordine las emergencias sanitarias, evalúe la idoneidad del futuro director de la agencia.
También se incluye que la decisión de exención para un medicamento del sistema de precios de referencia o la aplicación de un coeficiente que eleve el precio de referencia de un medicamento se tome en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, con la participación de las comunidades autónomas.
Asimismo, añade una nueva disposición adicional relativa a regular la colaboración del sector farmacéutico y de productos sanitarios en la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, que ha contado con el voto a favor de 298 diputados.
La mayoría de la cámara, sin embargo, ha rechazado la enmienda de los populares referida a la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, por lo que se mantiene la reivindicación de ERC de apoyo al tratamiento a los animales de compañías y de mejoras en el sector veterinario.
Tras casi cinco meses de tramitación, la ley ha visto la luz en un debate en el que el PP ha defendido un organismo independiente, con una participación real de las comunidades autónomas, y en el que el PSOE ha avanzado que la nueva agencia estatal promocionará la salud pública y estudiará futuros riesgos, como los que provocó la pandemia del covid-19.
El proyecto de ley, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla la innovación incremental de medicamentos, para mejorar el precio de medicamentos estratégicos o que supongan mejoras para el sistema o para los pacientes.
El PSOE ha señalado que se trata de una ley «ampliamente debatida y consensuada» que ha incorporado enmiendas para «reforzar el marco competencial» de las comunidades autónomas, lo que preocupaba a algunos socios del Ejecutivo.
Los socialistas han insistido en que la nueva ley «garantiza la participación de las comunidades en la gobernanza de la Agencia» y en torno al nombramiento del nuevo director de la Agencia ha recalcado que será por «mérito y capacidad» y estará abierto al sector privado.
Y es que durante el debate parlamentario el nombre del actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha estado presente en varias ocasiones y, mientras el PSOE y Sumar han defendido su trabajo durante la pandemia, el PP, Vox y UPN lo han criticado.
Los populares acusan a los socialistas de postular su nombre «antes de la creación de la Agencia», al tiempo que desde el PSOE se recalca su «mérito y capacidad respecto a otros muchos candidatos».
Lo cierto es que los populares han criticado que el organismo nazca sin unos presupuestos generales del Estado y que aspectos como la estructura, competencias o el funcionamiento del mismo se dejen para un reglamento posterior.
Por su parte, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) ha señalado en un comunicado que la Agencia permitirá una respuesta más ágil y coordinada entre las diferentes administraciones ante futuras pandemias, así como un enfoque «integrador que tenga en cuenta que la salud humana, la salud animal y la salud ambiental están estrechamente interconectadas».
También ha subrayado la necesidad urgente de mejorar la coordinación con los Servicios de Medicina Preventiva hospitalarios, responsables de la vigilancia, prevención y control de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y bacterias multirresistentes.
