El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado un nuevo procedimiento administrativo que puede suponer la reducción del horario de las terrazas en las calles Joaquín Costa, Isla de Cuba y Fernando Guanarteme, en la zona del Puerto, una de las áreas de mayor concentración de restaurantes y bares junto a la Plaza de Los Betancores.
Tras una sentencia judicial
Esta decisión llega apenas unos meses después de que una sentencia judicial anulara una anterior limitación horaria impuesta por el consistorio en enero de 2023, que obligaba a los locales a cerrar a las 22:00 horas, pese a que sus licencias permitían abrir hasta las 00:00 entre semana y hasta la 01:00 en fines de semana y festivos.
El juzgado consideró que la medida del Ayuntamiento se adoptó sin informar ni permitir alegaciones a los afectados. Aunque reconoció la necesidad de mitigar el impacto acústico, la jueza determinó que los derechos de participación no fueron respetados. Así, los negocios recuperaron su horario original.
Nuevas notificaciones a los locales
A pesar del fallo, el Ayuntamiento ha enviado recientemente nuevas notificaciones a al menos diez locales advirtiendo de la intención de volver a limitar el horario de cierre a las 22:00 horas. Esta vez, el procedimiento sí incluye un plazo legal de 10 días para presentar alegaciones, como marca la normativa vigente.
Aunque no se han comunicado los motivos públicamente, la medida se enmarca en el cumplimiento de sentencias previas relacionadas con el ruido vecinal y los informes técnicos elaborados por Urbanismo. Un mapa acústico reveló picos de hasta 68 decibelios, cuando el límite legal es de 55 dB por la noche.
Restauradores: “Nos vemos en una nueva batalla innecesaria”
La Asociación de Restauración ARES Gran Canaria, que representa al 90% de los locales afectados, ha criticado el procedimiento por considerarlo una nueva actuación unilateral del consistorio. Según la asociación, la medida no ha sido ni debatida ni consensuada previamente con los empresarios, lo que genera inseguridad jurídica y vulnerabilidad económica.
«Nos encontramos nuevamente en una situación de incertidumbre frente a decisiones que podrían dañar al sector y al empleo local«, señalan desde ARES. Además, destacan que no se ha verificado si las molestias por ruido que motivaron la medida original en 2022 persisten en la actualidad.
La mesa del ocio: promesa de diálogo aún pendiente
Tras el fallo judicial de 2024, la alcaldesa Carolina Darias anunció la creación de una mesa del ocio, un espacio de diálogo entre empresarios y vecinos para evitar nuevos conflictos y lograr un modelo de ciudad que haga compatible el ocio con el descanso. La iniciativa incluiría a las áreas de Seguridad y Urbanismo, que ya han mantenido reuniones con el sector.
No obstante, la reciente oleada de notificaciones ha generado desconfianza entre los hosteleros, que temen que esta mesa no esté funcionando como un verdadero espacio de consenso, sino como una formalidad administrativa sin impacto real.
El ruido y la convivencia, en el centro del debate urbano
El caso de Joaquín Costa no es aislado. El Ayuntamiento ha tenido que afrontar varias sentencias judiciales por conflictos similares en zonas como Santa Catalina y Vegueta, vinculados a fiestas y actividades nocturnas.
